Derecho de impugnación de detención de inmigrantes con larga residencia en EE. UU., realiza el tribunal del quinto circuito, cancillerías deben darle seguimiento

El examinar el caso si los residentes estadounidenses de larga data pueden ser detenidos sin una oportunidad real de solicitar la libertad bajo fianza ante un juez y al derecho a impugnar la detención de inmigrantes se realiza por parte del Tribunal del Quinto Circuito de Estados Unidos, lo que constituye un tema muy importante para continuar dándole seguimiento por parte de los gobiernos como el de Guatemala, Honduras, El Salvador, México entre otros, ante el incremento de capturas que se efectúan de inmigrantes en la Unión Americana.

El pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en fecha 24 de septiembre del presente año, escuchó los argumentos presentados, en un caso importante sobre si la Constitución de los Estados Unidos, permite que el gobierno federal lleve a cabo la detención de los inmigrantes sin brindarles nunca una audiencia de fianza ante un juez migratorio, donde puedan impugnar si su detención es necesaria.

El caso consolidado que es tratado en dicho Tribunal de Apelaciones, involucra a tres residentes del estado de Texas, Estados Unidos de larga residencia, todos padres de hijos ciudadanos estadounidenses y ninguno con antecedentes penales.

Se conoce al revisar el proceso que cada uno de los inmigrantes ilegales, fue arrestado tras un control de tráfico rutinario y detenido por las autoridades de inmigración al realizar operativos, sin la oportunidad de comparecer ante un juez y demostrar que no representaba ningún peligro para la comunidad estadounidense, ni para el gobierno, ni constituyen un riesgo de fuga, las únicas razones válidas para mantener a alguien detenido durante su proceso migratorio enfatiza Castro Molina.

Las tres personas involucradas en dicha demanda, son representados por abogados del Consejo Estadounidense de Inmigración, el Proyecto Nacional de Inmigración, Garza & Narvaez PLLC y el bufete de abogados de Stephen A. Lagana.

En la audiencia en el tribunal, los abogados defensores presentaron su argumentación que según la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno no puede encarcelar a una persona en un centro de detención de inmigrantes administrado por parte de ICE u otra autoridad, sin darle una oportunidad real de comparecer ante un juez migratorio e impugnar su encarcelamiento.

Este caso trata sobre un derecho constitucional fundamental ya que si el gobierno federal quiere encarcelar a una persona inmigrante en situación ilegal, debe argumentar la razón.

La administración republicana del gobierno de Donald Trump argumenta que «puede mantener a personas detenidas por motivos de inmigración sin demostrar que sea necesario», pero debo enfatizar que esto subvierte una protección constitucional fundamental y otorga al gobierno un poder extraordinario sobre la libertad de las personas, fue lo declarado por Rebecca Cassler representante del Consejo Estadounidense de Inmigración, quien presentó el caso ante el pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Debo recordar que los tribunales federales de distrito dictaminaron previamente, que la detención de los tres inmigrantes sin audiencias para la fianza, violaba su derecho constitucional al debido proceso.

Un panel de tres jueces del Quinto Circuito coincidió posteriormente, dictaminando que la Constitución de los Estados Unidos, brinda la protección a las personas que han ingresado y construido una vida en dicho país, independientemente de su estatus migratorio sea regular o irregular. El pleno del Tribunal del Quinto Circuito anuló posteriormente esa decisión y accedió a revisar el caso.

“En la audiencia celebrada en el tribunal en mención, el gobierno federal presentó el argumento sin precedentes de que puede encarcelar a inmigrantes sin tener que explicar el motivo”, declaró Ellie Norton, abogada supervisora del Proyecto Nacional de Inmigración. Agregando que; “Esto contradice años de jurisprudencia de la Corte Suprema y la Constitución estadounidense.

El argumento es que sus clientes son tres padres, miembros de la comunidad y feligreses que han vivido en los Estados Unidos durante más de una década. Lo único que piden es la oportunidad de impugnar si realmente deben estar presos y separados de sus familias mientras sus casos de inmigración están pendientes de ser resueltos, enfatizando que es un pilar fundamental del sistema de justicia y esperan que la Corte lo respalde.

Este caso que lleva el Tribunal constituye parte de una disputa nacional estadounidense, en relación a que si el gobierno federal puede encarcelar a inmigrantes, incluidos aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años o incluso décadas, sin darles la oportunidad de solicitar su liberación ante un juez migratorio.

Se debe recordar que cientos de tribunales en la Unión Americana, en miles de casos que han sido presentados, fue rechazada reiterativamente la postura del gobierno federal, estableciendo en sus argumentaciones los jueces que dicha acción viola la ley federal de inmigración o la garantía constitucional del debido proceso cuando una persona inmigrante es encarcelada.

Indudablemente la decisión que sea emitida por parte de quienes integran el Tribunal del Quinto Circuito podría afectar a miles de personas inmigrantes detenidas por motivos de inmigración en los estados de Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se concentra una gran parte de los inmigrantes detenidos en los Estados Unidos para su deportación.

Enfatizo que también otros seis tribunales federales de apelación en Estados Unidos, han dictaminado que el mantener en prisión a residentes estadounidenses de larga residencia en centros de detención de inmigración administrados por ICE, sin brindarles la oportunidad de pedir su liberación ante un juez migratorio, violaría la Constitución de los Estados Unidos.

Si el Tribunal del Quinto Circuito diera la razón al gobierno republicano de la administración Trump, este será el primer tribunal federal de apelación en declarar constitucional esta detención sin el debido proceso, no dudando que sería apelada y que deberá llegar a la Corte Suprema para tomar una decisión definitiva e inapelable.

Los gobiernos tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Ecuador entre otros, deben darle el seguimiento correspondiente por medio de sus cancillerías, debido a lo trascendente que conlleva la decisión que sea emitida y darla a conocer como parte de la asistencia y protección consular que debe darse en mantener informada a la comunidad inmigrante residente en Estados Unidos.

Acción que lamentablemente no se realiza en medios escritos, radiales y televisivos en forma masiva y constituye una irresponsabilidad hacia quienes sostienen la economía del país y a millones de familiares con el envío de remesas, lo que debe cambiar, llamando a la Autoridad Migratoria Nacional presidida por la licenciada Karin Herrera, vicepresidente de la República de Guatemala a tomar en cuenta y efectuar un cambio imperativo ante la indiferencia de orientar.