Independencia y rigor técnico, los desafíos del próximo superintendente de Competencia, afirma experto
El próximo superintendente de Competencia enfrentará un reto que va más allá de investigar prácticas anticompetitivas o imponer sanciones: deberá construir una institución técnica, independiente y previsible justo cuando la nueva autoridad está a punto de asumir sus principales facultades de investigación y sanción. El experto en competencia Luis Pablo Cóbar considera que el desempeño […]
El próximo superintendente de Competencia enfrentará un reto que va más allá de investigar prácticas anticompetitivas o imponer sanciones: deberá construir una institución técnica, independiente y previsible justo cuando la nueva autoridad está a punto de asumir sus principales facultades de investigación y sanción.
El experto en competencia Luis Pablo Cóbar considera que el desempeño de la Superintendencia no debería medirse por la cantidad de expedientes o multas que genere, sino por la calidad de sus investigaciones, la claridad de sus prioridades, el respeto al debido proceso y su capacidad para promover condiciones de competencia en los mercados.
Cóbar es experto en temas de derecho corporativo y de competencia, así como de prevención en temas de fraude corporativo.
El viernes pasado, el Directorio de la SiCom eligió a Carlos Federico Ortíz, como nuevo superintendente, un proceso que permitirá poner a funcionar a dicha instancia con todas las facultades para las que fue creada, el próximo 9 de diciembre.
INSTITUCIÓN QUE DEBE DEFINIR PRIORIDADES
Para Cóbar, el conocimiento especializado en derecho o economía de la competencia es indispensable, pero no suficiente para dirigir la Superintendencia.
El superintendente deberá demostrar capacidad de gestión pública, organizar procesos, integrar un equipo técnico, escuchar criterios especializados y fundamentar sus decisiones.
El desafío, según explicó, será conducir una institución que todavía deberá desarrollar sus capacidades técnicas y establecer criterios de actuación para investigar posibles prácticas anticompetitivas.
Por ello, considera que el desempeño de la nueva autoridad no debería medirse únicamente por la cantidad de expedientes abiertos o sanciones impuestas.
“El criterio debería ser la calidad de las investigaciones, la justificación de las prioridades y el respeto al debido proceso”, apuntó.
Esta distinción cobrará relevancia cuando la Superintendencia comience a ejercer plenamente sus facultades.
La aplicación de la ley requerirá investigar conductas, valorar pruebas y adoptar decisiones fundamentadas, por lo que el número de casos no debería convertirse en el principal indicador de resultados.
Una autoridad de competencia debe actuar cuando existan elementos suficientes para investigar, pero también garantizar el debido proceso y sustentar técnicamente sus resoluciones. La credibilidad de la institución dependerá, en buena medida, de la consistencia con que desarrolle estas funciones, agregó.
Con la elección de Carlos Federico Ortíz, no solo se definió quien estará al frente de la nueva autoridad de competencia, sino también el rumbo con el que comenzará a operar una institución que todavía debe construir capacidades técnicas, organizar sus procesos y establecer criterios para ejercer sus facultades.
ASI FUE ELECTO EL SUPERINTENDENTE
Carlos Federico Ortiz Ortiz, fue electo el viernes 9 de octubre y obtuvo una calificación final de 79.97 puntos sobre 100.
Según la tabla de calificación pormenorizada del expediente 28-2026, Ortiz recibió las siguientes puntuaciones:
- Jorge Mario González Paz:
89.30 puntos. - Javier Enrique Bauer Herbruger:
88.30 puntos. - Edgar Rolando Guzmán Fuentes:
62.30 puntos. - El promedio de las tres evaluaciones dio como resultado los 79.97 puntos que ubicaron a Ortiz en el segundo lugar de la nómina de seis candidatos finalistas, detrás de José Luis Gramajo de León, quien obtuvo 81.33 puntos.
LAS PRIORIDADES
Para Cóbar, sería un error medir al próximo superintendente, desde el inicio, por la cantidad de investigaciones abiertas o sanciones impuestas. La actividad de la institución deberá estar respaldada por criterios técnicos y procedimientos sólidos.
Una autoridad de competencia puede perder credibilidad tanto por actuar sin suficiente fundamento como por no hacerlo cuando existen elementos para investigar.
Cóbar propone que una de las primeras prioridades de la Superintendencia sea la llamada abogacía de la competencia, es decir, explicar las nuevas reglas, promover su cumplimiento y detectar barreras que puedan dificultar la entrada de nuevos participantes.
A esto suma la realización de estudios de mercado en sectores con incidencia directa en la vida cotidiana de las familias.
«NO ES UNA ENTIDAD QUE CONTROLA PRECIOS»
Este enfoque también marca un límite importante para el ciudadano: la superintendencia no será una autoridad de control de precios. “Su objetivo es proteger y promover la competencia”, señaló el experto.
Los precios responden a factores como la oferta y la demanda, por lo que una mayor competencia puede generar mejores condiciones para consumidores y empresas, pero no significa que la nueva institución pueda ordenar que los precios bajen, indicó.
Esa diferencia será especialmente relevante cuando comiencen a surgir los primeros casos.
El desempeño de la institución no debería medirse únicamente por cuánto sanciona, sino por qué conducta investigó, qué evidencia encontró, cómo respetó el debido proceso y qué efecto tuvo su decisión sobre las condiciones de competencia.
El reto también implicará coordinarse con otras instituciones públicas. Cóbar consideró que esa relación debe construirse mediante canales claros para el intercambio de información y con respeto a las competencias de cada entidad.
“La propia abogacía de la competencia podría servir para detectar normas, trámites o prácticas públicas que, aunque no tengan como objetivo restringir la competencia, terminen dificultando la entrada de nuevos competidores”, agregó.
ANALIZAR TODO EL ENTORNO
Esto amplía el alcance de la discusión a un aspecto que puede afectar directamente a consumidores y empresas: la Superintendencia de Competencia no solo deberá investigar posibles prácticas anticompetitivas, sino también contribuir a identificar obstáculos regulatorios que dificulten la entrada de nuevos participantes a los mercados.
En ese contexto, la independencia es un punto de coincidencia entre CompiteGuate y Cóbar. Mientras la organización la plantea como una condición para dar legitimidad al proceso de selección, el experto la considera indispensable para que el futuro superintendente pueda tomar decisiones sin condicionamientos de intereses políticos o empresariales.
Esa independencia, sin embargo, no debe confundirse con aislamiento. La nueva autoridad tendrá que mantener comunicación con empresas, consumidores, instituciones públicas y especialistas, sin representar ni privilegiar los intereses de ninguno de estos sectores.
Los primeros meses también serán determinantes para evaluar el rumbo de la institución.
Cóbar considera que un período de alrededor de seis meses permitiría hacer una primera valoración de aspectos como la organización institucional, la conformación del equipo técnico, la definición de prioridades y la independencia en la toma de decisiones.
“Una evaluación más completa podría hacerse después de dos años, cuando exista suficiente evidencia sobre la calidad de las investigaciones, las decisiones adoptadas y el aporte de la institución a la competencia”, añade.
Este planteamiento también apunta a cómo debería evaluarse el desempeño del próximo superintendente. El éxito de la institución no debería medirse únicamente por el número de multas impuestas, expedientes abiertos o titulares de prensa que genere, sino también por la calidad de sus investigaciones, la consistencia de sus resoluciones, la certeza que ofrece a las empresas y la protección que brinda a los consumidores.
Su capacidad para identificar y prevenir obstáculos a la competencia será otro elemento relevante para determinar si la Superintendencia cumple con el propósito para el que fue creada.