Los países de América Latina y el Caribe conviven en una región de grandes contrastes: alta desigualdad y bajo crecimiento, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema.

Según el Informe Global sobre Desarrollo Humano (IDH) 2023/24 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todos los países experimentaron una caída en su desarrollo humano entre 2020-2021, derivado de la pandemia covid-19, siendo la región de América Latina y el Caribe una de las más afectadas.

La pandemia evidenció la importancia de fortalecer los sistemas de protección social, principalmente para alcanzar a la población más vulnerable con altos índices de pobreza. Datos de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2023) reflejan que, en Guatemala, aproximadamente el 56% de la población vive en condiciones de pobreza y el 16.2%, en la pobreza extrema, afectando principalmente a la población que reside en zonas rurales. A pesar de que el gasto en protección social en el país se ha mantenido relativamente constante en las últimas décadas, con un promedio de 1.3% respecto del PIB, los recursos comprometidos dentro del actual presupuesto de gobierno constituyen decisiones positivas para revertir este estancamiento histórico.

El estancamiento de la región limita la capacidad de los países para avanzar hacia un desarrollo humano y sostenible. En respuesta a esta preocupación, países como Brasil, Honduras, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago han puesto en marcha políticas y programas de protección social, con la cooperación del PNUD. Guatemala no ha sido la excepción: con el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el PNUD ha apoyado en fortalecer la gestión y la rectoría del Ministerio para construir un sistema nacional de protección social, que incluye una serie de acciones estratégicas, como la creación de lineamientos de la protección social, la publicación del índice de pobreza multidimensional IPM-Gt en 2019 y el Diagnóstico del Sistema Nacional de Protección Social del País. Además, bajo el liderazgo del PNUD y junto con otras agencias de las Naciones Unidas, entre 2021 y 2023 se brindó apoyo técnico a la implementación del proyecto piloto del Registro Social de Hogares (RSH), para su posterior institucionalización y escalabilidad.

El RSH es un hito en la historia de la protección social en el país, ya que permite caracterizar la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares mediante diversas metodologías;, y con base en ello, se establece la estrategia intersectorial del Gobierno para la reducción de la pobreza y la malnutrición Mano a Mano, que atenderá a las poblaciones de municipios con alta vulnerabilidad para incidir de manera multidimensional en la pobreza y la malnutrición, abordando dimensiones como: mejoramiento de la infraestructura de los hogares, acceso a alimentos, remozamiento de escuelas, atención primaria en salud, mantenimiento de caminos rurales, transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas como el programa de Adulto Mayor, entre otros.

Construir un sistema nacional de protección social va más allá de la responsabilidad de las autoridades nacionales, es una visión de país y un esfuerzo interinstitucional que requiere la participación de todos los sectores. Desde el PNUD continuaremos apoyando al gobierno de Guatemala en el fortalecimiento de sus capacidades, sistemas y programas de protección social, para alcanzar a aquellos que, históricamente, se han quedado atrás.