El Tribunal Federal de Comercio de Estados Unidos suspendió el miércoles último varios de los aranceles dictados por el presidente Donald Trump como parte de su guerra comercial y su aparente intento de suplir, mediante tales gravámenes, la reducción de ingresos prevista a causa de recortes impositivos contenidos en su plan fiscal, aprobado por la Cámara de Representantes (por 215 votos contra 214) y que aún debe ser discutido en el Senado. La reacción de la Casa Blanca fue despectiva hacia los jueces de aquel tribunal, e incluyó falacias como aseverar que estos no pueden decidir en contra de las tasas aduaneras porque “no son elegidos” por voto popular.

En todo caso, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos otorgó ayer, jueves, un amparo en contra de la resolución judicial del Tribunal de Comercio. También son funcionarios “no elegidos” por voto ciudadano, pero a cuyo fallo sí le dan validez porque les favorece. Así es la retórica política. El caso es que la estrategia de condicionamiento arancelario sigue vigente en tanto y en cuanto se diluciden los alegatos judiciales. Vale recordar que sendos fallos son provisionales, cautelares y “un día” habrá un dictamen definitivo que quizá repetirá el déjà-vu de imposición y retiro, amenaza y negociación, discrecionalidad y legalidad amparada en leyes viejas que quizá tenían otro fin, pero, en fin.

Ahora bien, el Tribunal Federal de Comercio no actuó por sus pistolas. Tampoco resolvió en favor del interés de cualquier país afectado por la ola arancelaria. No: fueron ciudadanos los que plantearon la demanda en contra del plan impositivo, específicamente propietarios de pequeñas fábricas y también 12 estados de la Unión: Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont.

El Tribunal de Comercio fue creado en 1926 precisamente para asegurar condiciones justas, equitativas y competitivas para la actividad productiva en Estados Unidos. Los demandantes reclaman que las decisiones arbitrarias tomadas por el mandatario impactan en su actividad comercial. El encarecimiento de materias primas importadas incrementa sus costos, reduce su productividad y amenaza su supervivencia económica: paradójicamente, un efecto contrario a la era dorada de nueva producción industrial prometida por el gobernante.

La suspensión se basaba en que solo el Congreso puede aprobar determinadas barreras arancelarias. Mientras tanto, la Casa Blanca se apoya en una ley de emergencia, de 1976, para validar la potestad ya ejecutada. La Corte de Apelaciones (fundada en 1982) dejó vigentes los aranceles, al menos provisionalmente. Y este pulso de cortes e intereses ocurrió precisamente en los días que la delegación de funcionarios y empresarios guatemaltecos sostuvo reuniones para buscar la reducción o supresión del arancel de 10% vigente.

Los encuentros principales se produjeron con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que mostró receptividad al plan guatemalteco de reducir barreras no arancelarias de nuestro lado, la mayoría relacionadas con trámites analógicos, mayor apertura a otros productos estadounidenses y temas logísticos. Las otras reuniones, con los departamentos de Estado y Comercio, son movimientos para afianzar la imagen de Guatemala como socio y aliado estratégico. También hubo citas con grupos empresariales y con integrantes de la Cámara Baja y el Senado, quienes sí son elegidos por voto popular y que deberán responder a sus votantes en los comicios de medio mandato por los resultados del paquete fiscal aún a medio aprobar.