Uno de los grandes dilemas de fin de año es la resolución del presidente de la República sobre el salario mínimo. Algo que en otros países se resuelve de forma técnica con una fórmula simple, que el ingreso medio de la población siempre esté por encima del salario mínimo, en Guatemala se ha vuelto una decisión política, que solo beneficia al 30% de la población económicamente activa que tiene empleo formal.

En nuestro país, el salario mínimo para actividades no agrícolas en la circunscripción 1 y en la 2 están todavía muy parecidos, y no han logrado separarse lo suficiente para incentivar que las empresas formales puedan salir del departamento de Guatemala. Dicho esto, tomando el salario mínimo de la circunscripción 2 para actividades no agrícolas que está actualmente en US$487.25 al mes, resulta ser más alto que el salario mínimo en países como Ecuador, US$470; Colombia, US$341; Paraguay, US$360; Argentina, US$280, o Brasil, US$262 al mes; países incluso mucho más productivos que Guatemala.

Veamos su productividad por hora laboral trabajada. Mientras que en Guatemala un trabajador produce US$13.10 la hora, en Ecuador la productividad es de US$18.8 la hora; en Colombia, US$16.2; Paraguay, US$16.4; Argentina, US$33.8, y Brasil, US$20 la hora; con lo cual no podemos seguir aumentando el salario mínimo de forma ficticia, cuando no se ha invertido en carreteras, puertos, o aeropuertos, temas claves para mejorar la productividad y comenzar a subir nuestra inversión en formación bruta de capital fijo, una de las más bajas de la región, apenas de 16% del PIB.

Un aumento al salario mínimo en estos momentos va a generar más desempleo y marginación y va a crear una presión muy fuerte en sectores intensivos en mano de obra que van a preferir mecanizar parte de su producción, despedir personal y/o no ampliar sus operaciones en el país.

El Gobierno de Guatemala bien podría enfocarse en agilizar procesos, reducir trámites, simplificar requisitos y digitalizar varios de los permisos, licencias y estudios que se requieren para abrir, operar y mantener empresas. Hay varios ejemplos que ya se están haciendo en el Ministerio de Salud, dentro de los registros sanitarios, para comenzar a digitalizar los sistemas, pero todavía hay grandes avances que se requieren y una presa muy fuerte de expedientes que se está trabajando en resolver.

Sin embargo, en el Ministerio de Comunicaciones, todavía no se ven avances; en la Dirección General de Caminos hay expedientes que llevan más de un año sin resolverse, donde encima de todo hay grandes inversiones paralizadas porque han extraviado las carpetas (sí, todavía se lleva todo físico), y se tiene que empezar todo el proceso desde cero para la resolución del derecho de vía y poder construir cerca de vías pública.

Si nos vamos a cada ministerio, como el de Ambiente, Agricultura, Cultura (especialmente, en el Idaeh), Aeronáutica Civil o Conred, encontraremos que hay permisos, licencias o estudios pendientes de aprobación, con poco avance y que simplemente la inversión podría generar más empleos formales.

Al ver las condiciones en las que está la productividad laboral y la poca capacidad de los ministerios de empujar una agenda que ayude al país a mejorar su clima de negocios, lo mejor en estos próximos años sería no subir el salario mínimo, mientras se mejoran las condiciones hacia la inversión. El enfoque en la inversión en infraestructura, la simplificación y digitalización de procesos debería ser la prioridad de la agenda económica.