Hace 42 días que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, están presos, señalados de los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Aunque el Ministerio Público (MP) en una conferencia de prensa, el día de sus capturas, anunció que la acusación era por tres delitos más, incluido el de sedición, la jueza Carol Patricia Flores —señalada en el pasado reciente en varios casos de corrupción— los ligó a proceso por estos dos ilícitos, le dio dos meses de plazo al MP para completar la investigación y se negó a darles una medida de prisión domiciliaria.

Muy poco se sabe acerca del proceso. Como se ha vuelto costumbre en los casos de criminalización, la Fiscalía pidió mantener el expediente bajo reserva, aunque esto contradiga los principios fundamentales de publicidad y transparencia, pilares del proceso penal guatemalteco.

Pero como acá no se trata de justicia sino de venganza y de persecución penal indebida, se retuercen leyes y principios, se fabrican casos, la prisión preventiva se utiliza como herramienta de castigo anticipado, se deniega el acceso a los expedientes y se prohíbe que los abogados de la defensa se pronuncien públicamente para evidenciar los vicios en el procedimiento y la falta de sustento en las acusaciones. Y por supuesto, sobrevuela la amenaza de persecución como ya pasó con una decena de abogados defensores del periodista Jose Rubén Zamora que fueron criminalizados.

La “justicia” a puerta cerrada y con candado: en eso se ha transformado el MP de María Consuelo Porras Argueta y en eso ha convertido la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) su actual jefe, Rafael Curruchiche. Amparados, por supuesto, por un grupo de jueces, juezas y magistrados que conforman las estructuras de tráfico de influencias y corrupción en el Organismo Judicial.

Esta “justicia secreta” se vuelve aún más contradictoria a la luz de los argumentos que Curruchiche esgrimió el 23 de abril para justificar las capturas de Pacheco y Chaclán y anunciar el pedido de retiro de antejuicio en contra del gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien en aquel momento formó parte del grupo de autoridades indígenas que encabezaron las movilizaciones ciudadanas en defensa de la democracia.

Palabras más o menos, el jefe de la Feci declaró públicamente que la “sociedad guatemalteca” fue la agraviada con las manifestaciones de octubre de 2023. Sin embargo, en lugar de explicar en qué consiste el agravio y cuáles son los fundamentos del MP para perseguirlos penalmente, decidió pedir la reserva del caso y dejar a la supuesta “víctima” (el pueblo de Guatemala) al margen y en completa oscuridad.

Aunque no se necesita ser muy perspicaz para saber que este “caso” es otro engranaje más en la estrategia de la Fiscalía para deslegitimar el proceso electoral y apresurar la persecución en contra del presidente Bernardo Arévalo y su círculo cercano, ahora que les va quedando cada vez menos tiempo para el cambio de fiscal general.

Además, en el caso de Luis y Héctor se evidencia cómo nuevamente el poder punitivo del Estado se sigue utilizando en contra de los pueblos indígenas, sus autoridades y su organización comunitaria. Tenemos décadas de asistir a procesos en los que se criminaliza la resistencia pacífica y la lucha colectiva y ancestral. Decenas de líderes indígenas han enfrentado la cárcel por defender sus tierras y recursos naturales.

Como dijo Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre independencia judicial, luego de visitar Guatemala: “La criminalización que lleva adelante el MP es aterradora”. Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán, libertad para los presos políticos.