La Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), en un comunicado publicado este jueves 18 de junio, pidió al Gobierno, al Congreso y a las autoridades municipales del país que se garantice la certeza jurídica para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en el país.

La AGER reconoce que existen actualmente “obstáculos” por la incertidumbre que genera la discrecionalidad para la emisión de licencias municipales y de construcción, así como supuestos cobros “que exceden lo razonable”, superando los límites que establece la ley. Lo anterior, expone AGER, “está dificultando el desarrollo de proyectos energéticos para el país”.

AGER representa a 82 asociados del sector, que significa más del 90% de la energía renovable que se produce en el país. La incertidumbre que generan los requisitos excepcionales que están enfrentando en algunas administraciones ediles, como exponen, pone en riesgo la generación de más proyectos, en un momento en que la demanda de energía “está creciendo a un ritmo histórico”.

Según expone AGER, estas discrecionalidades originadas por administraciones municipales afectan a los inversionistas, pero también “comprometen la capacidad del país para atender la creciente demanda de electricidad, atraer inversión productiva y sostener su competitividad”.

Aunque la Asociación señala que “reconoce y valora la autonomía municipal y la descentralización”, el ejercicio de estas “debe ser congruente con la legislación vigente y la política pública nacional”, que permita garantizar las condiciones para el desarrollo del sector de generación eléctrica.

Pide AGER que las autoridades administradores del Estado, en todos los niveles, puedan fortalecer la coordinación interinstitucional y se puedan promover procesos transparentes, ágiles y predecibles, porque “Guatemala necesita seguridad jurídica para transformar las inversiones en energía en empleo, competitividad y desarrollo para las comunidades”.

Se suman

La posición de AGER se suma a un comunicado emitido por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), publicado el pasado miércoles 17 de junio, en el cual también demanda certeza jurídica para los proyectos de generación y transmisión eléctrica.

La Cámara señaló que algunos proyectos enfrentan retrasos por esas decisiones “al margen de la ley” que toman algunas corporaciones municipales, por lo que urgen que se establezcan reglas claras para el desarrollo de las inversiones.

El pronunciamiento del sector industrial sucede en el marco de las declaraciones de directores de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que ofrecieron durante una citación en el Congreso. Ahí se expuso que los atrasos en el desarrollo de la red de transmisión eléctrica se derivan de decisiones de alcaldes que, basándose en la autonomía municipal, vulneran la certeza jurídica. Agregaron durante esa citación que también se afecta a empresas de generación de energía que, después de contar con todos los estudios, ya no pueden concretar sus proyectos porque el alcalde solicita pagos no regulados.

La Cámara expone en un comunicado que la Constitución Política de la República reconoce la electrificación como “una prioridad nacional que debe impulsarse mediante la coordinación entre el Estado, las municipalidades y la iniciativa privada”; pero señaló que tanto los proyectos de transmisión como los de generación de electricidad enfrentan retrasos por decisiones de alcaldes.