En teoría política, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de individuos de dirigir, influir y hacer valer decisiones políticas sobre una comunidad humana. Es legítimo el poder cuando tiene un origen institucional o legal, así como es ilegítimo cuando se origina de la manifestación de una voluntad despótica o arbitraria. Montesquieu afirma que “para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”, por lo que la democracia liberal ha adoptado el principio de separación de poderes, cuya finalidad principal es evitar la concentración y el abuso de poder en menoscabo de los derechos fundamentales, a base de la asignación de competencias específicas y de la adopción de un eficaz sistema de frenos y contrapesos, que se materializa en los denominados controles interorgánicos, mediante los cuales las instituciones estatales se fiscalizan entre sí.

La Constitución de Guatemala establece que la soberanía radica en el pueblo y que este, para su ejercicio, la delega en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales se rigen por la no subordinación y la interdependencia; y, asimismo, que el poder público, la autoridad, proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones constitucionales y legales.

Ahora bien, dado que el pueblo es la fuente y el depositario legítimo del poder político, la ciudadanía, a través de la organización social, tiene reservada la facultad de fiscalizar su ejercicio y demandar que el mismo se mantenga al servicio del interés general y no de intereses particulares. Este derecho supremo se traduce en el llamado contrapoder, cuya finalidad es contrarrestar, compensar o neutralizar los excesos y atropellos en el desempeño de la autoridad, sobre todo aquellos que propenden a la ruptura de la constitucionalidad, así como hacia el autoritarismo, la opresión y el despotismo, con la participación de poderes fácticos lícitos e ilícitos.

En otras palabras, el ejercicio del contrapoder busca evitar, corregir y revertir los desajustes y desequilibrios jurídico-políticos que provocan los gobernantes y representantes, electos o no, que se aprovechan ilícitamente de la cosa pública o la ponen al servicio de oligarquías y mafias.

El envilecimiento del ejercicio del poder público, en los distintos órganos y entidades estatales, redunda en un Estado fallido o fracasado, así como habilita la legítima resistencia del pueblo, que, al igual que la protesta pacífica, es un derecho humano inherente al contrapoder, que está incorporado en la carta magna. La erradicación del crimen organizado de las instituciones estatales no es negociable.

El contrapoder también se manifiesta a través del ejercicio de la libertad de expresión de ideas y el libre juego de opiniones, que son medios idóneos para luchar contra el secretismo y la opacidad, demandar la rendición de cuentas y asegurar la autocrítica. En todo caso, la censura, la represión de la opinión, así como la demagogia y la manipulación política, a través de los medios de comunicación y redes sociales, deben ser proscritas y castigadas.

Otro vehículo del contrapoder es la convocatoria de consultas populares en torno a las decisiones políticas de especial trascendencia, a petición de un número determinado de ciudadanos. En ese sentido, también debe instituirse el referendo revocatorio (revocación de mandatos) para todos los cargos de elección popular (gobernantes, diputados y edilicios) y para dar por terminados los períodos y funciones de los funcionarios designados para períodos fijos.