Pesquisa debe ser íntegra, moderna, eficaz y rápida

La decisión judicial, a petición del Ministerio Público, de dictar falta de mérito para dos hermanos repartidores de mandados es el primer escollo sorteado por la pesquisa sobre el asesinato del abogado y analista Juan Francisco Solórzano Foppa y del deportista Gustavo Aguilar Gamarro, víctima colateral del salvaje ataque perpetrado en el Campo Marte. Sin embargo, la señalada implantación del arma no debería pasar solo como un incidente trivial, sino como indicio de un posible intento de sabotear la investigación y obstruir la justicia: los agentes involucrados y sus mandos inmediatos deben ser identificados, concentrados e interrogados cuanto antes por la fiscalía acerca de tal proceder. Se recomienda ponerlos bajo resguardo, pues la historia registra casos de agentes conexos con casos de alto impacto que fueron ultimados al encontrarse en prisión preventiva.

En el maremágnum de comunicaciones sobre este brutal crimen, hipótesis, supuestas y manipuladas capturas de video de cámaras de tránsito, comunicados institucionales de pesar y expresiones de condolencia e indignación en redes sociales —la mayoría de ellas, sinceras y que hacen resaltar otras notoriamente forzadas por la conveniencia politiquera—, es necesario que los investigadores del Ministerio Público efectúen una pesquisa con máxima celeridad, pero a la vez con integridad, en busca de la verdad sobre la identidad de los sicarios, pero, ante todo, de los autores intelectuales de esta barbarie.

Son dos familias enlutadas que se suman a cientos, miles, de hogares guatemaltecos que padecen los horrores de la violencia criminal, perpetrada por delincuencia común u organizada, aunque los tiempos recientes demuestran que común es cada vez más organizada y la otra, cada vez más común, debido a la impunidad e infiltración en el Estado.

Es precisamente lo que solía denunciar Solórzano Foppa en sus análisis: los nexos de pandillas y figuras políticas, las complicidades de funcionarios y los frecuentes intentos del narcotráfico por infiltrarse en la siguiente campaña electoral. Por eso es importante desenmarañar esta madeja: es la prueba de fuego para la administración del fiscal general García Luna, quien, a diferencia del período anterior, en el cual no se tenía ningún consuelo, cuenta con apoyo internacional y el beneficio de la duda de parte de los ciudadanos para poder dar un resultado certero que tenga consecuencias judiciales ejemplares.

Así también es necesario que las autoridades de seguridad comiencen una revisión interna de procedimientos, conductas y nexos dentro de la fuerza policial, para detectar a elementos que puedan presentar indicios de enriquecimiento ilícito, conductas impropias o comunicaciones indebidas. Por ejemplo, para este momento, ya los cuatro agentes asignados a la vigilancia fallida de Solórzano Foppa deberían rendir un informe sobre su desempeño, pues sabían claramente que se trataba de un objetivo de alto impacto político y que no por decir que cuidaban a su familia se libran tan fácil de la responsabilidad por tan mortal descuido.

En 2021 fue ultimado Frank Ramazzini, un analista y defensor de derechos humanos que señalaba pactos de pandilleros y funcionarios; en 2023 fue hallado muerto, presuntamente ahogado, el comunicador Ronaldo Robles, quien era crítico de figuras políticas. En 2015, tres meses antes de las elecciones, fue asesinado el abogado y exmagistrado de la CC Francisco Palomo; en 2019 se destapó y conjuró un narcoplán para asesinar a rivales políticos del entonces presidenciable Mario Estrada. No estamos ya en tales años y menos en 1957, como para permitir que esta investigación se pierda en la niebla de las impunidades que tanto han dañado al país.