El pasado lunes 2 de marzo, en la reunión semanal de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, se programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por lo que se entrará a su discusión y eventualmente a su aprobación en las siguientes semanas.

El dictamen favorable a la iniciativa 6593, emitido por la Comisión de Economía del Congreso, propone modernizar el marco legal guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alinearlo con estándares internacionales y preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para el 2027.

La propuesta introduce cambios estructurales en el sistema antilavado del país y, según el dictamen, busca fortalecer tanto el sistema preventivo como el régimen sancionatorio, así como mejorar la coordinación institucional.

1. Modernización del sistema antilavado

Una de las principales novedades es que la iniciativa plantea actualizar el marco legal vigente, que tiene más de dos décadas, para adaptarlo a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) señala que la iniciativa busca:

• Modernizar el régimen antilavado del país
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Fortalecer la coordinación institucional
• Actualizar obligaciones para los sujetos obligados
• Mejorar el régimen administrativo y de supervisión.

Según la CFG, el dictamen mantiene el objetivo central de cumplir con las recomendaciones de GAFILAT y alinearse al estándar internacional.

2. Enfoque basado en riesgo

El dictamen incorpora un modelo utilizado internacionalmente conocido como “enfoque basado en riesgo”, que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero según:

• El tipo de cliente
• El producto financiero
• El canal de operación
• El origen geográfico de las transacciones.

Desde la perspectiva de la Cámara de Finanzas, este cambio refleja el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, que promueven sistemas preventivos más sofisticados y diferenciados según el nivel de riesgo.

3. Ajustes técnicos en el dictamen

Aunque la iniciativa mantiene su objetivo original, el dictamen incorpora enmiendas orientadas a mejorar su aplicación práctica, según la Cámara de Finanzas.

Las modificaciones más relevantes se concentran en tres áreas:

Definiciones y conceptos del régimen preventivo

Se precisan conceptos clave como:

• Enfoque basado en riesgo
• Debida diligencia
• Persona políticamente expuesta (PEP)
• Beneficiario final.

Estas definiciones son fundamentales para el funcionamiento del sistema de prevención.

Delimitación de personas obligadas

El dictamen introduce ajustes en la forma en que se definen e incorporan los sujetos obligados, es decir, las personas o entidades que deben aplicar controles contra el lavado de dinero.

Esto incluye:

• Instituciones financieras
• Empresas que realizan determinadas actividades comerciales
• Algunos profesionales cuando participan en operaciones específicas.

Coherencia con el marco jurídico nacional

También se introdujeron cambios para armonizar la iniciativa con otras leyes nacionales y con estándares internacionales, con el fin de evitar contradicciones legales.

Según la Cámara de Finanzas, estas enmiendas no cambian el propósito de la iniciativa, sino que buscan mejorar su consistencia normativa y facilitar su implementación.

4. Fortalecimiento institucional

El dictamen también propone fortalecer el sistema institucional encargado de prevenir el lavado de dinero.

Entre los aspectos señalados destacan:

• El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (IVE)
• Una mayor coordinación entre entidades del Estado
• mejoras en la supervisión y el régimen administrativo.

De acuerdo con la Cámara de Finanzas, los cambios buscan afinar el diseño institucional y los mecanismos de cumplimiento, para que el sistema pueda funcionar de manera más efectiva.

5. Preparación para la evaluación internacional

Tanto el dictamen y otras fuentes oficiales señalan que uno de los objetivos de la iniciativa es preparar al país para la próxima evaluación internacional del sistema antilavado.

La Cámara de Finanzas indica que la alineación con estándares internacionales no debe entenderse como un tema sectorial, sino como una decisión de Estado, ya que una legislación moderna:

• Mejora la reputación del país
• Reduce riesgos internacionales
• Evita posibles impactos económicos derivados de sanciones o listas de vigilancia financiera.

6. Próximos pasos en el Congreso

El dictamen favorable permitirá que la iniciativa continúe su trámite legislativo en el Congreso.

La Cámara de Finanzas indicó que corresponderá a los diputados definir el avance del proyecto, aunque expresó que existe expectativa de que el proceso avance para que Guatemala cuente con un marco robusto contra la economía criminal.

Una vez aprobada la ley, las autoridades deberán emitir los reglamentos necesarios para su implementación.

En síntesis

Las principales novedades del dictamen de la Iniciativa 6593 se centran en:

• Modernizar la legislación antilavado
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Precisar definiciones clave del régimen preventivo
• Ajustar el alcance de los sujetos obligados
• Fortalecer la coordinación institucional y la supervisión
• Alinear la legislación guatemalteca con estándares internacionales.

Según la Cámara de Finanzas de Guatemala, las enmiendas introducidas en el dictamen buscan mejorar la aplicación práctica de la ley sin modificar su objetivo principal: combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y preparar al país para la evaluación internacional del sistema antilavado.