Una propuesta legislativa que permitiría compras estatales sin licitación por tres años ha generado críticas por el riesgo de debilitar los controles y la transparencia en el gasto público.

Una iniciativa legislativa presentada por el oficialismo plantea liberar de procesos de licitación, por tres años, las compras y contrataciones del Ejecutivo y los consejos de desarrollo, bajo el argumento de declarar urgencia nacional en sectores como salud, educación e infraestructura.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas debido a los riesgos que representa para la transparencia en el uso de fondos públicos. Diversos sectores advierten que exceptuar del sistema Guatecompras y de los procesos ordinarios comprometería una parte significativa del gasto estatal, al permitir adquisiciones directas sin los controles establecidos en la normativa vigente.

Las preocupaciones se centran en que la medida abriría espacio para la discrecionalidad, debilitaría los mecanismos de fiscalización y limitaría el acceso a la información sobre el uso de los recursos.

Sumado a ello, el sector empresarial por medio de las cámaras empresariales como Cámara de Industria y del Agro, también se han pronunciado en contra de la propuesta del oficialismo, quienes argumentan que la Iniciativa debilita la transparencia y compromete la inversión pública de nuestro país.

Cabe mencionar que, si el proyecto de ley se aprueba, el plan que promueve el oficialismo duraría tres años, podría prorrogarse, si se considera que dio buenos resultados, detalla la normativa.

Por Bryan Choy