El pasado 8 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retiró a Guatemala de la lista negra de países donde se dan graves violaciones a los derechos humanos, la cual lidera el trío dictatorial de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tres bellos países capturados por una revolución que hace décadas perdió sus valores y cabó la tumba económica de su propia gente; Nicaragua, que se ha convertido en la finca de la primera pareja del autoritarismo centroamericano, y Venezuela, que es la cleptocracia que ha expulsado a más de siete millones de venezolanos en los últimos 10 años.

Finalmente, Guatemala ha ido frenando su caída descontrolada en violaciones de derechos humanos como falta de libertad de prensa y expresión, restricciones de libertades civiles y políticas, atropellos contra los pueblos indígenas e impunidad contra funcionarios corruptos, entre otros. Si bien este es una esfuerzo colectivo del Gobierno de Guatemala, poco sirve si no se articula en una estrategia precisa y tenaz de política exterior, y eso es precisamente lo que se logró a través de la misión permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por la representante permanente —con rango de embajadora—, Claudia Escobar. La noticia es importante para el país, primero, por lo obvio, y es que nadie quiere estar asociado al trío de joyas anteriormente mencionado, y, segundo, porque esto atrae otro tipo de inversionistas al país, que son los que tienen un impacto positivo en el mediano y largo plazos, precisamente lo que Guatemala necesita.

Lamentablemente, el pasado lunes 5 de mayo la embajadora Escobar perdió la elección para ser la próxima secretaria general adjunta de la OEA. La ganadora fue la colombiana Laura Gil, y así se perdió una valiosa batalla, no solo para Guatemala, sino para la región. A pesar de varias voces en “medios de comunicación”, incluso en instituciones de educación superior que criticaban la candidatura de Escobar por percepciones ideológicas, la realidad es que era la mejor opción para revivir a la OEA y que esta fuera un auténtico coladero contra los grandes enemigos de la democracia en la región, como el autoritarismo, la corrupción y la demagogia. Lamentablemente, estimado lector, en Guatemala y otras latitudes del hemisferio el “debate ideológico” se quedó congelado en la década de los 60 del siglo pasado, y hoy solo hay muestras de una ignorancia soberana, pero con un atrevimiento cual doble de una película de acción de bajo presupuesto.

Mientras la otra candidata, Ana María Sánchez de Perú, representaba una continuación de lo que ha venido haciendo la OEA bajo las dos presidencias de Luis Almagro, que es poco y nada con intervalos de retórica vacía y diplomacia coctelera, Laura Gil representa una agenda que busca normalizar la participación en el sistema interamericano de países con regímenes autoritarios, corruptos y violadores de derechos humanos, como aquellos que les mencioné. Todo bajo la solapa de la corrección política y el abusado principio de la no intervención, que es la clásica excusa para no hacer nada.

Todo lo contrario representaba la agenda de Escobar, que buscaba recobrar los brillos que la OEA tuvo durante la década de los 90 del siglo pasado, en donde era un aliado importante para promover y fortalecer la democracia en la región. La elección refleja un síntoma preocupante sobre el estado de salud no solo de la democracia, sino también del desarrollo social y el crecimiento económico sostenible en la región, porque los autoritarismos han demostrado ser fugaces en uno o el otro de estos. Se pudo perder una batalla, pero la lucha por la democracia sigue viva. ¡Feliz domingo!