Nacionales

Experto señala «lo que puede salir mal» con la aplicación de la Ley de Ciberseguridad tras su aprobación

Comentarios · 0
0
Compartir noticia

Experto señala «lo que puede salir mal» con la aplicación de la Ley de Ciberseguridad tras su aprobación
Resumen automático

La Ley Marco de Ciberseguridad, contenida en el Decreto 26-2026, crea nuevas instituciones, establece delitos informáticos y asigna responsabilidades a distintas entidades del Estado. Sin embargo, el investigador guatemalteco en ciberseguridad Luis Assardo advierte sobre algunos artículos de la normativa que podrían «salir mal». El Decreto 26-2026 fue publicado en el Diario de Centro América […]
0:00
0:00

La Ley Marco de Ciberseguridad, contenida en el Decreto 26-2026, crea nuevas instituciones, establece delitos informáticos y asigna responsabilidades a distintas entidades del Estado. Sin embargo, el investigador guatemalteco en ciberseguridad Luis Assardo advierte sobre algunos artículos de la normativa que podrían «salir mal».

El Decreto 26-2026 fue publicado en el Diario de Centro América el 17 de noviembre de 2026, luego de ser sancionado por el presidente Bernardo Arévalo. La normativa entrará en vigencia 30 días después de su publicación y establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Gobernación (Mingob) apruebe su reglamento.

Entre las nuevas estructuras figura el Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), presidido por el mandatario, y la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), que dependerá del Mingob. De esta última también dependerá el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT).

Ley Marco de Ciberseguridad: Bernardo Arévalo sanciona el Decreto 26-2026, ¿qué establece?

Assardo, en un texto publicado en su página web, plantea que la forma en que se integren y funcionen estas dependencias será determinante para evitar que las atribuciones contempladas en la ley se ejerzan sin suficientes controles.

Uno de los riesgos que identifica el investigador es que la Diciber será considerada un cuerpo de seguridad del Estado y estará dirigida por una persona nombrada por el Presidente a partir de una terna propuesta por el Conciber, órgano que también preside.

Según el análisis, la ley no establece un período para quien ocupe la dirección ni causales específicas para su remoción. Además, la dependencia recibirá información confidencial o reservada sobre incidentes de ciberseguridad.

Ley de Ciberseguridad: estos son los delitos y penas que contempla y las instituciones que crea

Además, advierte que los reportes de bancos, empresas telefónicas, compañías eléctricas e instituciones públicas podrían concentrarse en una dependencia sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas ante el Congreso ni obligación de publicar informes. Por ello, plantea observar el proceso de nombramiento, el reglamento orgánico y la primera decisión en la que se invoque la reserva de información.

Otro punto de preocupación es la participación del Ministerio de la Defensa. La normativa establece que, ante un incidente de nivel cuatro —cuando se considere que afecta la soberanía nacional—, la unidad de Defensa asumirá el liderazgo de las acciones.

Señala que el Ministerio también elaborará el catálogo de infraestructuras críticas y el protocolo de acciones ofensivas, que posteriormente deberá aprobar el Consejo. A su juicio, esto podría permitir que un ataque contra una empresa incluida en ese catálogo quede bajo conducción militar, sin que el protocolo pase por una revisión judicial o legislativa.

MULTAS Y POSIBLES DELITOS PARA INVESTIGADORES

También cuestiona que las infracciones administrativas y sus montos no estén desarrollados directamente en la ley, sino que quedarán establecidos en el reglamento que deberá elaborar Gobernación.

El decreto contempla infracciones leves, graves y gravísimas, así como un procedimiento que concede dos días para la audiencia de defensa y cinco días para la fase de prueba. Además, las multas ingresarían a los fondos privativos de la Diciber, dependencia que también tendría atribuciones para investigar y sancionar.

Ante ello, el experto advierte que esta estructura podría generar un conflicto de intereses, pues las sanciones serían determinadas por una entidad que recibe los recursos recaudados. También señala que hospitales, cooperativas, proveedores de internet y municipalidades podrían quedar sujetos a obligaciones cuyo costo se conocerá hasta que se apruebe el reglamento.

Ley de Ciberseguridad nace con cuestionamientos por vacíos legales y exclusión de delitos de pornografía infantil

Otro aspecto que considera delicado es la exclusión de responsabilidad penal para quienes realicen pruebas de seguridad, investigación o actividades de enseñanza. Según el análisis, esa protección exige que la legalidad, el objeto y el alcance de las pruebas hayan sido definidos previamente mediante un contrato o convenio.

Esto podría dejar sin esa cobertura a quienes detecten y reporten de buena fe una vulnerabilidad en un sistema público sin contar con un acuerdo con la institución responsable. Assardo advierte que la interpretación de los delitos y de las condiciones de autorización quedaría en manos de las autoridades encargadas de investigar.

EE. UU. destaca cooperación con Guatemala para fortalecer la ciberseguridad ante recientes ataques

El decreto también incorpora los ocho delitos informáticos al catálogo de la Ley contra la Delincuencia Organizada. El investigador señala que, en determinadas investigaciones, esta incorporación podría abrir la posibilidad de utilizar herramientas como la interceptación de comunicaciones y los agentes encubiertos.

Por ello, considera importante observar los criterios que adopte la fiscalía especializada y los primeros casos que involucren a investigadores, estudiantes o fuentes periodísticas.

VÍCTIMAS DE FILTRACIONES Y DELITOS QUE QUEDARON FUERA

Entre los vacíos que señala Assardo está la falta de garantías específicas para las personas cuyos datos resulten expuestos durante una filtración. El artículo 21 establece que el CRIC-GT deberá informar oportunamente a los potenciales afectados, pero el investigador advierte que no fija un plazo ni una consecuencia por incumplir esa obligación.

Como antecedentes menciona la filtración de información de 21 mil 700 personas vinculadas a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), así como la exposición de datos de más de 200 mil usuarios del portal de empleo del Ministerio de Trabajo.

El análisis también advierte que Guatemala todavía no cuenta con una ley de protección de datos personales. Por ello, plantea observar si el Ejecutivo y el Congreso impulsan esa normativa o si la Diciber comienza a operar sin que exista una regulación específica que garantice los derechos de las personas afectadas.

Congreso rechaza 10 objeciones para que avance la Ley de Ciberseguridad al Ejecutivo

Otro punto señalado es la eliminación de un artículo que contemplaba aumentar las penas por pornografía infantil y otros delitos sexuales contra menores cometidos mediante herramientas digitales. Según el análisis, esa disposición figuraba en el dictamen, pero fue suprimida durante la aprobación.

Advierte que, al quedar fuera de los delitos regulados por el decreto, estas conductas tampoco estarían comprendidas en las nuevas herramientas procesales previstas para los ocho delitos informáticos. Entre ellas menciona las atribuciones de la fiscalía especializada y los procedimientos de aseguramiento de evidencia digital.

REGLAMENTO Y REFORMAS, ENTRE LOS ASPECTOS POR VIGILAR

Aunque el decreto ya fue publicado, el investigador señala que todavía existen etapas en las que se puede discutir su aplicación. Entre ellas menciona la elaboración del reglamento por parte del Ministerio de Gobernación, el proceso de nombramiento de la persona que dirigirá la Diciber y las posibles acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad.

Assardo plantea que el borrador del reglamento debería hacerse público y someterse a consulta, especialmente porque de ese instrumento dependerá el desarrollo de las infracciones administrativas y sus sanciones.

Ley de Ciberseguridad: esta es la versión final con cambios del Decreto 26-2026

También señala que el Congreso podría reformar el decreto para incorporar nuevamente disposiciones sobre delitos sexuales contra menores, establecer directamente las infracciones y sanciones, fijar un período y causales de remoción para la dirección de la Diciber y delimitar las atribuciones militares frente a incidentes que involucren a operadores civiles.

La aplicación de la ley, por tanto, dependerá no solo de las instituciones que se creen, sino también de los controles, procedimientos y garantías que se establezcan durante su implementación.

Comentarios · 0

Comparte tu opinión, una pregunta o información relacionada con la noticia.

Recuperamos tu borrador.

Puedes comentar como invitado. Inicia sesión para conservar tu actividad; la de invitados se elimina en 7 días.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en aportar a la conversación.