Lamentable, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran.
Recientemente, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó su visita anual a Guatemala para evaluar el desempeño macroeconómico, resaltando una política monetaria adecuada; unas expectativas creíbles de la meta de inflación; y, reservas monetarias internacionales por el equivalente a más de 11 meses de importaciones, lo que proporciona una posición externa sólida.
Además del reconocimiento por la estabilidad y resiliencia de la economía nacional (envidiada por otros países), el FMI celebró la reciente aprobación de la nueva normativa antilavado, considerándola un paso vital alineado con los estándares internacionales.
El jefe de la misión del FMI enfatizó que, para alcanzar el “grado de inversión” no basta con buenas cifras macroeconómicas, sino que se requiere ejecutar reformas de manera integral. Entre las más destacadas mencionó la Ley de Puertos; la Ley de Aeropuertos; la nueva ley del mercado de valores, la nueva Ley de contrataciones del Estado, las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto y las reglamentaciones de la ley de las alianzas público-privadas y de la ley de Infraestructura Vial, resolviendo el estancamiento en la puesta en funcionamiento de la ley de infraestructuras prioritarias. También instó a movilizar una mayor participación del sector privado para contar con más alianzas público-privadas para la inversión pública y los nuevos proyectos gobierno a gobierno con los Estados Unidos de América (EUA), acelerando la inversión en infraestructura social y productiva, a fin de impulsar la inversión privada y el crecimiento económico.
El FMI advirtió que, dado que las remesas representan el 20 % del producto interno bruto (PIB), existe un riesgo estructural para nuestra economía ante la volatilidad de las políticas económicas y migratorias de los EUA, por lo que es urgente que el país implemente reformas estructurales a fin de reducir la dependencia de las remesas familiares.
El jefe de la misión del FMI enfatizó que, para alcanzar el “grado de inversión” no basta con buenas cifras macroeconómicas, sino que se requiere ejecutar reformas de manera integral.
Considera la necesidad de movilizar los ingresos de la SAT que, siendo aún insuficientes para financiar sanamente el desarrollo, exigen reformas para ampliar la base impositiva, incrementar la recaudación y mejorar la fiscalización, evitando una mayor erosión de la base imponible; además, debe mejorarse la coordinación entre la tesorería y la gestión de la deuda, aprovechando las fuentes de financiación nacional, al mismo tiempo que se profundizan los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto público.
Dado el rezago en la inversión pública, recomiendan mejorar la selección, preparación y ejecución de proyectos: promoviendo una orientación y coordinación centralizadas, incluyendo a nivel departamental; detener la renovación de los fondos no ejecutados, utilizando presupuestos plurianuales para garantizar la continuidad de los proyectos; y aumentar la capacidad de supervisión por parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y de la Contraloría General de Cuentas.
Este tipo de evaluaciones externas, objetivas e independientes, evidencian con crudeza el sustancial rezago acumulado que, por desidia, incompetencia, intereses creados o procrastinación de gobernantes, e ignorancia, tolerancia o complacencia de los gobernados, no ha permitido avanzar la agenda de actualización y modernización del marco institucional en materia económica y social. Salta a la vista que los mayores y mejores intereses nacionales no han sido la brújula que define el norte a la élite ilustrada, académica, económica, política y social del país. Lamentable, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran.