La semana pasada tuvimos la excelente noticia de la mejora de la calificación de riesgo país por parte de la calificadora Standard & Poor’s, de BB positivo a BB+ estable. Una mejora que posiciona a Guatemala a un peldaño de ser grado de inversión. Esto se suma a la firma del convenio Gobierno a Gobierno entre Guatemala y los Estados Unidos, para ampliar la capacidad operativa de Empresa Puerto Quetzal y al posicionamiento de Guatemala para poder generar inversiones en centros de datos, con una posible inversión de US$300 millones en los próximos meses.

La mejora de la calificación se da en un ambiente importante que vio mucha cooperación por parte del Congreso de la República y el Gobierno de Guatemala, para aprobar leyes importantes en la agenda económica, como son la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (una iniciativa impulsada por el sector privado) y la Ley de Competencia. El trabajo de la Comisión de Economía ha sido fundamental en posicionar una agenda clara, con una reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, ya con dictamen favorable y pendiente de segundo debate. Esto podría acelerar la forma en que opera la Anadie, que pasaría a ser la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que, además, aceleraría la inversión en infraestructura, evitando que los proyectos tengan que pasar por el Congreso de la República.

Un proceso más expedito para acelerar la inversión en alianzas público-privadas es precisamente lo que el país necesita, si le sumamos también la reciente Ley del Sistema Portuario, que acaba de ingresar al Congreso, aunado a la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, estas acciones pueden realmente posicionar a Guatemala en un camino positivo hacia la atracción de más inversión extranjera directa y pasar de los US$1 mil 800 millones, que se estiman para finales de este año, a por lo menos US$2 mil 500 millones en los próximos cuatro años.

Eso sí que sería transformador para el país, mostrando que Guatemala puede aprovechar sus oportunidades para duplicar la inversión pública y fortalecer una agenda clara de desarrollo en beneficio de una población todavía joven, pero que se está urbanizando de forma acelerada y que necesita más soluciones para el transporte, la movilidad, la vivienda, la salud, educación, seguridad e incluso para desarrollar sistemas más eficientes de inversión en agua y saneamiento, drenajes, manejo de desechos y coordinar una agenda público-privada, en beneficio de todos los guatemaltecos.

Este es el momento en que todos los sectores debemos seguir trabajando unidos, solicitando que se aumente la ejecución de los presupuestos, especialmente hacia mayor inversión y continuar fomentando la calidad del gasto público, logrando con ello un círculo virtuoso que beneficie el desarrollo económico y social, a la vez que se quitan las trabajas burocráticas a la inversión a través de la digitalización.

Más puertos, más aeropuertos y la inversión en carreteras, hospitales, centros de salud y escuelas, aunados a más inversión urbana, tanto en el área metropolitana como en las ciudades intermedias, deben ser ahora.

El trabajo de la Mesa de Calificación Riesgo País está dando resultados tangibles. Las iniciativas de colaboración entre todos los sectores y el impulso del sector empresarial a seguir fortaleciendo una agenda colaborativa con el Gobierno y el Congreso de la República, así como con el Organismo Judicial, para cada vez hacer más eficiente el ecosistema empresarial, están viendo resultados medibles. Guatemala No Se Detiene.