El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), asistió este martes 27 de enero a una audiencia en el Juzgado Séptimo Penal, por una querella en su contra promovida por el presidente Bernardo Arévalo.

El mandatario presentó la denuncia contra el fiscal por supuesto abuso de autoridad, infracción de privilegios, resoluciones violatorias a la Constitución, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y responsabilidad de funcionarios.

Previo a la diligencia, en declaraciones a la prensa, Curruchiche indicó que llegó para enterarse de qué se trata el caso. Añadió que se ha enterado de lo que solicita Arévalo en la denuncia, presentada en calidad de ciudadano, y que el mandatario tendría que presentarse a ratificar. Si no lo hace, él —el fiscal— hará el requerimiento correspondiente. Agregó que, si Arévalo figura como querellante, esperaría que se presentara a la audiencia.

“El presidente se ha referido al Ministerio Público desde su campaña en el 2023, cuando surgió el caso Movimiento Semilla. Entonces, yo esperaría que él, como un criminal que es… él llegó al poder de manera ilegal y con fraude electoral; todo el pueblo de Guatemala sabe que fue impuesto. Yo esperaría que él viniera aquí, a la audiencia, encararlo y ver de qué se tratan estos hechos”, declaró Curruchiche.

Añadió que el caso se refiere a una supuesta revelación de audios y recordó que, en una conferencia en la sede del MP, nunca se mencionó que en la investigación hubiera interceptaciones telefónicas. Además, dijo que el caso no está bajo reserva, por lo que reprodujo los audios en su cuenta personal el 24 y 25 de octubre pasados; esos serían los hechos que originaron la denuncia.

Durante la audiencia, el juez Fredy Orellana discutió las medidas de coerción que solicitó el presidente Arévalo contra el fiscal Curruchiche. Como parte del acto judicial, el juez cuestionó la honorabilidad del abogado y mencionó que la persona designada por él para la defensa tiene un contrato de servicios profesionales con la Secretaría General de la Presidencia.

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Tras la audiencia, Curruchiche declaró que deseaba intervenir, pues se enteró de que había una sindicación en su contra. Aseguró que respeta la decisión del juez, pero cuestionó que un empleado de la Secretaría General, en horario laboral, se presentara como parte de la defensa. Según el fiscal, al presentar la denuncia como ciudadano, Arévalo habría renunciado al derecho de antejuicio que le asiste.

¿Cuál es el caso y qué pide Arévalo?

En la querella presentada en calidad de ciudadano, Arévalo señala a Curruchiche por seis delitos. El juzgado deberá analizar las medidas solicitadas por el denunciante. El documento refleja que se busca la emisión de una orden de arraigo que, de ser aceptada, impediría al jefe de la Feci salir del país.

Además, se solicita el embargo de todos los bienes inmuebles del fiscal, calculados en unos Q4 millones, cantidad que se planteó como una posible reparación digna.

La querella fue interpuesta luego de que el Ministerio Público presentara el caso Unops: Corrupción Presidencial, una investigación que sugiere actos de corrupción para consolidar un acuerdo millonario con esa entidad financiera en la compra de insumos médicos.

Recusación suspenda audiencia

La audiencia de este 27 de enero era para discutir las medidas de coerción que Arévalo pidió en contra del fiscal.

La audiencia fue suspendida, luego de que se presentara una solicitud de recusación en contra del juez Orellana, quien debía conocer el caso. La acción legal fue impulsada por el abogado de Arévalo por la presunta comisión de varios delitos; sin embargo, la recusación detuvo el desarrollo de la diligencia judicial mientras se resuelve el incidente conforme al procedimiento establecido en la ley.

Se consultó a Presidencia por los señalamientos de Curruchiche contra Arévalo y se espera respuesta a la solicitud.

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