Diversos sectores en Honduras han señalado irregularidades en la reciente publicación de un decreto que concede a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) la figura de querellante autónomo, pese a que el país aún no ha firmado un acuerdo formal con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su creación.

La disposición, promovida por el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo, fue enviada al diario oficial La Gaceta el 22 de enero del 2025, pocos días antes de que concluyera su período al frente del Legislativo. El texto consta de ocho artículos y establece, entre otros puntos, que la Cicih tendrá personalidad jurídica y podrá accionar judicialmente de forma independiente.

Sin embargo, juristas, parlamentarios y organizaciones de sociedad civil han cuestionado tanto el contenido como el procedimiento seguido para su publicación.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó en una publicación del diario La Prensa de ilegal la publicación del decreto, al asegurar que “carece de validez jurídica” por no haber sido aprobado con la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.

“Es de público conocimiento que no existe un convenio formal con la ONU. Solo hubo memorandos de entendimiento que incluso ya vencieron. Nunca el gobierno dio a conocer los términos reales del acuerdo”, declaró a dicho medio Barrientos.

Añadió que, aun si se firmara un acuerdo con la ONU, la normativa hondureña actual impide que un ente externo ejerza acción penal directa sin una reforma previa de la Constitución.

Barrientos también responsabilizó a Redondo, al director de La Gaceta y a la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, por lo que calificó como “una aberración jurídica” que “trastoca la soberanía popular”.

Críticas políticas y ciudadanas

Desde el ámbito político, diputados y exdiputados también cuestionaron el decreto, al señalar que no obtuvo el respaldo requerido en el pleno y, por tanto, su publicación constituye un acto arbitrario.

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) rechazó públicamente la publicación, al considerar que se trata de “un abuso de poder” que debilita la legalidad y la confianza ciudadana.

“Este hecho se suma a una cadena de excesos institucionales que han deteriorado la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática en el país”, afirmó el CNA en sus canales oficiales.

Una figura sin respaldo legal

Aunque el decreto reconoce a la Cicih como querellante autónomo y le otorga facultades propias del Ministerio Público, su legalidad está en entredicho, dado que Honduras no ha concretado un convenio vinculante con la ONU. El único avance registrado hasta la fecha es un memorando de entendimiento sin efectos jurídicos, que además ya expiró.

El texto también faculta al fiscal general para acreditar la personería jurídica de cada integrante de la eventual comisión, y establece que su duración será de cinco años. Sin embargo, expertos coinciden en que ese marco carece de sustento legal sin un tratado internacional previo.