Tan solo el pleno del Congreso puede frenar el aumento de sueldo de los diputados. Al menos eso respondió un equipo de abogados del propio Organismo Legislativo a una consulta hecha por los diputados que integran la Junta Directiva.

El documento identificado como opinión jurídica 45-2025 con fecha del 27 de marzo, dos días después que la Junta Directiva prometió en una rueda de prensa que emitiría la orden para suspender el incremento.

Entre los antecedentes evaluados para dar su respuesta aparece el acuerdo legislativo 31-2024, emitido el 26 de noviembre del año pasado. Cuando los diputados autorizaron su presupuesto para este año incluido un aumento de sueldo que debía de ser ejecutado por la directiva que preside el diputado Nery Ramos.

También detallan el acta 10-2025 de fecha 4 de febrero de este, cuando la directiva tomó la decisión de dar el aumento de sueldo a los 160 diputados; y el acta 21-2025, cuando se ordenó pagar con el incremento de sueldo.

La consulta del departamento jurídico del Congreso expone puntos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para finalmente responder que “no corresponde a la Junta Directiva del Congreso de la República dejar en suspenso el contenido de un acta de Junta Directiva, toda vez que su contenido deviene de una decisión tomada por el pleno del Congreso”.

La respuesta añade que la única forma para suspender el incremento salarial que ejecutó la actual Junta Directiva es mediante la emisión de un acuerdo nuevo.

Algunos diputados como José Chic de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) y el bloque de diputados independientes electos por Movimiento Semilla han anunciado sus intenciones en buscar promover una moción para un nuevo acuerdo. Pero el Congreso no ha sesionado en tres semanas por la inasistencia de los jefes de bloque que impiden convocar a las sesiones.

Opinión acomodada

Para Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, la opinión jurídica del Congreso no es objetiva. Ya que fue emitida por personal propio Congreso que trabaja para los diputados.

“Las opiniones jurídicas se acomodan a los intereses de la institución. En este caso todos estamos claros en que se necesita una salida política para revertir ese aumento de sueldo, pero realmente no hay voluntad política”, destacó.

Para Marroquín la promesa que hizo la Junta Directiva del Congreso, de suspender el aumento de sueldo, debería de respetarse. Ya que no hacerlo pareciera que su postura fue tan solo para contrarestar la presión social.

“La Junta Directiva ya perdió la dirección de este Organismo de Estado, integran directiva pero son incapaces de reunir apoyos y consensos para aprobar una medida como está. Solo hablan lo que políticamente les conviene cuando hay presión ciudadana”.

Acción Ciudadana mantiene dos amparos contra el aumento de sueldo pendientes de ser resueltos, al igual que el diputado Chic, quienes esperan que la nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), priorice los casos.

“Esperamos que la CC resuelva este tipo de acciones, de hecho la presidenta de la Corte, Leyla Lemus, decía que estas acciones se van a conocer y esperamos que lo haga”, dijo el diputado.

Para el congresista la Junta Directiva debería de ejecutar la suspensión del aumento de sueldo como lo prometieron en la ruda de prensa del 25 de marzo.

“La euforia presidencial le jugó una mala pasada al presidente Nery Ramos. De hecho quienes operaron el aumento vía actas fue la directiva, yo desconozco como se pidió esa opinión jurídica pero creo que la Junta Directiva debería de honrar su palabra y lo que prometió esa tarde”, concluyó.

La consulta jurídica aparece firmada por los siguientes abogados: Mario Giovanni Ignacio Santos, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Juan Francisco Sandoval; Lilian del Carmen Morán Grijalva, quien según registros de prensa fue capturada por un caso del Registro de Información Catastral (RIC); y Boris Iván Mendoza Álvarez, que figuró como director de la estación tres de Bomberos Municipales.