En el debate público solemos hablar del sistema de justicia desde una perspectiva puramente ética o institucional. Sin embargo, para comprender su impacto real en el bienestar de una nación, resulta útil preguntarse: ¿qué “productos” suministra el sistema de justicia a la comunidad y, específicamente, a las actividades de negocios? La respuesta, aunque se formule en términos de mercado, es el pilar de la civilización moderna: seguridad y certeza jurídicas.

La actividad empresarial no es otra cosa que la utilización incesante de dos tipos de herramientas legales: las reglas de organización y las reglas de contratación. Las primeras permiten crear corporaciones, joint ventures y estructuras complejas para invertir y poner recursos de millones de ahorristas e inversores en común. Las segundas son el motor del intercambio: comprar, vender, arrendar, licenciar tecnología, distribuir productos y edificar obras. Sin estas reglas, la economía de mercado simplemente no existiría.

Sin embargo, el punto de partida —la ley escrita— nunca es suficiente. La ley es una abstracción que debe tomar vida al paso que la vida social se materializa. Es aquí donde el sistema de justicia entrega su producto estrella. Los tribunales deben interpretar y aplicar las normas a la luz de los casos de la vida real, precisando su significado y alcance en cada situación concreta. Esta labor jurisprudencial es la que genera la posibilidad de que los empresarios, sus empleados, sus banqueros, etcétera, se forjen expectativas razonables sobre las consecuencias de sus actos en el plano legal.

En países de altos ingresos, los estudiantes de Derecho no estudian los códigos y los abogados no analizan “las leyes” para resolver un problema jurídico. Estudian y analizan la jurisprudencia. Es decir, el cúmulo de sentencias de los tribunales en donde se decantan, de manera sistemática y coherente, los criterios de jueces y magistrados sobre los innumerables escenarios que plantea la vida de negocios.

En esos países, un abogado puede decirle a su cliente empresario algo así como: —“en los últimos diez casos como el suyo, el criterio sobre quién es responsable de la conducta que nos plantea es este: …”.

Para un empresario, la información es el insumo más valioso. Sin la certeza de cómo un juez interpretará un contrato o los derechos y obligaciones de los administradores y los accionistas de una sociedad mercantil es imposible calcular los riesgos de una posible inversión con exactitud. En un entorno de incertidumbre, los inversionistas pueden terminar asumiendo riesgos altísimos a cambio de márgenes de utilidad desproporcionadamente bajos, o, peor aún, pueden optar por la inacción. Cuando el sistema de justicia no ofrece pautas claras para medir el riesgo, la inversión se retrae. Se invierte menos de lo que se haría en un mundo de seguridad jurídica, y esa falta de dinamismo económico termina perjudicando a toda la población a través de menos empleos y menor crecimiento.

Por estas razones, la salud del sistema judicial es un asunto de supervivencia económica. Cuando la justicia se desvía de su función técnica y previsible, el daño es sistémico. En la actual coyuntura que atraviesa Guatemala, es imperativo recordar que el derecho no puede ser un arma voluble. Es un grave error que se politice la justicia y se judicialice la política, pues en ese juego de intereses se termina destruyendo la certeza que los inversores y empresarios del país necesitan para generar empresas, empleo, impuestos, prosperidad.