La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) no tiene proyectado el impacto que tendrá en la institución la iniciativa 6576, Ley de Agilización de la Inversión Pública que el oficialismo presentó recientemente en el Congreso.

“De cara a la ley, hay un equipo que está apoyando la evaluación sobre qué impacto tendría sobre la Segeplán y qué tendríamos que hacer para poder apoyarlo”, afirmó el secretario en funciones, Hugo Allan García.

El funcionario comentó que la Secretaría está evaluando junto a la cartera del Tesoro un posible incremento en el presupuesto para ampliar el personal que está involucrado en los procesos de las obras con fondos de Consejos de Desarrollo y poder cumplir con los plazos que establece la propuesta para la Ley de agilización de la inversión pública.

“No hemos todavía revisado el detalle de los plazos; es un trabajo que ahorita, justamente estamos viendo con el Ministerio de Finanzas y probablemente de la inyección de fondos adicionales para poder mejorar la atención sobre todo en las delegaciones departamentales para poder atender a las municipalidades que son el canal”, detalló.

La iniciativa que presentaron los diputados oficialistas Juan Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala busca reducir los plazos para la aprobación de los proyectos que las alcaldías buscan ejecutar y que se financian con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

La presentación de la iniciativa ante el pleno se incluyó en la agenda de la sesión que el Congreso convocó para el lunes pasado y que se levantó por falta de quorum. El proyecto de ley ha sido criticado por actores del sector privado y asociaciones civiles por opacidad y riesgos en la calidad del gasto.

Los cambios

El artículo 6 de la iniciativa contempla que la Segeplán debe aprobar los expedientes de cada proyecto en un máximo 5 días hábiles; si hay objeciones se deben informar en los primeros dos días del trámite. Si a los cinco días, Segeplán no tiene una cumplir el plazo este se da como aprobado. Este procedimiento actualmente se desarrolla en varias semanas.

También en el artículo 7 obligaría a la Segeplán a emitir opinión técnica sobre los proyectos que lo requieran -excluyendo los de Codedes- en un plazo de 20 días en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). De no cumplirlo, también se declarará como favorable.

Si bien el proyecto cuenta con la venia del presidente Bernardo Arévalo, según uno de los ponentes, en Segeplan no pueden asegurar si la institución formó parte del proceso de elaboración.

Añadió que no han revisado el detalle de la iniciativa de agilización de obras y desconoce si el personal técnico fue tomado en cuenta para la construcción de la propuesta.

“No tengo la información ahora a la mano si nuestros técnicos estuvieron involucrados, así que no le no le podría dar una respuesta”, aclaró García.

La iniciativa surgió como una alternativa para acelerar la ejecución de los fondos de los Codedes. Este año se les asignó un total de Q12 mil millones y la ejecución se encuentra en cifras rojas.

Además, la iniciativa contempla una vigencia de tres años, mientras el Ejecutivo promete a los alcaldes volver a solicitar que los fondos no usados sean reprogramados en 2026, lo cual crearía un presupuesto cercano a los Q23 mil millones.