El rezago en la ejecución de obra pública en Guatemala no es nuevo; se arrastra desde hace varios gobiernos a nivel de Ejecutivo, Consejos de Desarrollo Departamental y municipalidades. Tal cuello de botella es causado por mala planificación, discontinuidad entre administraciones y paroxismos electoreros que se afanan en dar golpes efectistas en una reeleccionitis crónica que infecta y distorsiona el sentido de la gestión pública, porque lo satura de cortoplacismos.

La desigual ejecución también obedece a los desfases de la Ley de Contrataciones, parchada y caduca. Pero sucesivos gobiernos y legislaturas, incluyendo los actuales, han sido incapaces de proponer y discutir una normativa moderna, funcional, estratégica, que potencie la eficiencia, reduzca el espacio a la discrecionalidad, que priorice la calidad del gasto y asegure la probidad. Esta última palabra, sobre todo, les causa escozor a muchos diputados y alcaldes, que prefieren una vieja política retorcida que una visión de Desarrollo de Estado.

Existe en Astrofísica el concepto del agujero negro: una fuerza gravitacional tan enorme que absorbe de todo: asteroides, planetas y estrellas; no deja ni siquiera escapar la luz. Tal singularidad se produce cuando una estrella agota su combustible, su núcleo colapsa bajo su propia gravedad y esta supera las fuerzas exteriores: entonces se torna un agujero negro. Usamos este símil para explicar el temor que despierta la iniciativa 6576, presentada por diputados oficialistas y destinada a acelerar contrataciones de obra para agilizar la ejecución de recursos. Bajo el pretexto de favorecer la inversión en proyectos de salud, educación, carreteras y agua potable se eludirían procesos de licitación durante tres años, a través de un fideicomiso.

Si este tipo de propuesta temeraria se hubiese presentado en cualquiera de los gobiernos previos, seguro que el extinto partido Semilla habría puesto el grito en el cielo. Que otrora hayan sido heraldos de la transparencia no constituye respaldo ni garantía de que el plan no vaya a convertirse en un agujero negro de fondos públicos. La duración de tal período de aceleración del gasto sería, hipotética e inicialmente, de tres años, pero, “si funciona bien” —dicen sus impulsores—, podría extenderse. Y he ahí otra vulnerabilidad.

Sí, existe una baja ejecución en varios rubros, como infraestructura vial, construcción de edificios escolares y otros proyectos a cargo de Codedes y comunas. En efecto, hay procesos de evaluación y calificación que implican demora, pero ese cumplimiento de requisitos es el que demanda proyectos fundamentados y evita asignaciones a dedo. Muy aparte es que los planes de obras sean improvisados, tengan deudas de arrastre de gobiernos anteriores o que por injerencias diputadiles —en busca de asignaciones a financistas— se retrasen las obras. Pero eso se debe corregir de otra manera.

Se debe considerar en esta ecuación el talante convenenciero de muchos diputados distritales, que dicen ser de oposición hasta que los tientan con la posibilidad de más recursos. Quizá por ahí vaya el público objetivo de la 6576, pero eso es un riesgo extra. En todo caso, la iniciativa debería tener lineamientos más estrictos. El plazo propuesto de cinco días es a todas luces insuficiente. Tal como está este proyecto de ley, sí aumentaría la ejecución masiva de recursos, pero también las dudas sobre los resultados, la dificultad para auditarlos y el monto de las pérdidas si al cabo de los tres años resultan ser fiascos. Es alto el riesgo de que este plan estrella colapse y se vuelva un agujero negro discrecional y electorero.