El plazo de ejecución del préstamo Crecer Sano, aportado por el Banco Mundial, con el fin de combatir y reducir la desnutrición crónica infantil al menos en siete departamentos de Guatemala, vence en febrero de 2026. Sí, siete parecían muy poco, pero era una punta de lanza para atajar un atávico rezago. La ejecución apenas va en 55%, pero siguen intocables los síntomas de prevalencia de este flagelo asesino de futuros, devorador de capacidades cognitivas y saboteador del desarrollo infantojuvenil. En otras palabras, el alcance, la calidad de gestión y los resultados del programa son francamente dudosos. Y si se añade el tiempo transcurrido desde el comienzo de esta iniciativa como costo de oportunidad, sería un virtual fracaso.

Pero para algo sí ha servido el crédito de US$100 millones otorgado prácticamente sin intereses. Como si se tratara de una evaluación de procesos y de desempeño institucional, el crédito Crecer Sano ha sido un eficaz, completo y crudo diagnóstico de la mediocridad burocrática que sojuzga al Estado, de las desvergonzadas ambiciones politiqueras y de la indiferencia dolosa de quienes dicen representar a la ciudadanía pero solo velan por sus conveniencias.

El primer valladar fue premonitorio: el abierto y abyecto ninguneo diputadil a la aprobación del préstamo ofrecido por el Banco Mundial para intentar repetir programas similares a los implementados en países como Perú, en donde se observaron auténticos milagros de recuperación nutricional, crecimiento infantil y juvenil, así como un mejor desempeño de aprendizaje. El plan se presentó en 2016, pero a la diputadería de ese tiempo no se le dio la gana aprobarlo ese año ni en 2017 ni en 2018. Fue hasta en 2019, tras una amplia presión ciudadana, que el pleno se dignó a darle aval.

¿Cuál era la resistencia? Los fuertes requisitos de transparencia en la ejecución, que prácticamente no dejaban sacar raja a los allegados de alcaldías, Cocodes o financistas de diputados. El foco del programa era fortalecer la provisión de agua, robustecer los planes de monitoreo y salud preventiva, asegurar la recuperación de los niños diagnosticados con desnutrición crónica —aquella que no necesariamente se nota a primera vista, pero limita el desarrollo orgánico y cognitivo del menor—. Sin incentivo perverso hizo falta el reclamo social para que se moviera tan venal cuadrilla.

En el 2020, durante la pandemia, la cartera de Salud modificó el uso de fondos de Crecer Sano para la mejora de hospitales, aunque ese no era su foco y a la fecha tal “mejora” no se note para nada. Poco se podía esperar del gobierno de un médico que nunca ejerció la profesión y cuyos resultados de gestión de la crisis nutricional solo se pueden contar en muertes infantiles, ello por no hablar de otros fiascos, fraudes y despilfarros que deberían ser objeto de pesquisa judicial pero aún no hay resultados.

Y para terminar de matar esperanzas viene la actual administración, con declaradas intenciones pero muy pocos cambios en la reorientación de los programas como Crecer Sano. No existe la excusa de falta de recursos porque todavía resta por ejecutar el 45% de los fondos; sin embargo, no hay mayores innovaciones en la metodología. Se remodelan centros de Salud, pero las cifras de pacientes, las bitácoras de progreso en talla y peso de beneficiarios, las estadísticas comparables entre los departamentos atendidos con estos recursos siguen siendo un enigmático asunto pendiente. Esa infausta constatación documentada de negligencias e incapacidades para salvar vidas del subdesarrollo y de la miseria es un resultado inesperado, oneroso y triste.