El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en defensa frente a los señalamientos del presidente Bernardo Arévalo, quien este 23 de abril acusó directamente a la fiscal general y jefa de la institución, María Consuelo Porras, y a su «gavilla de criminales» de representar una amenaza para el país. Las declaraciones del mandatario se produjeron tras la detención de Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Gobernación, en un caso señalado por criminalización.

En el comunicado, el MP rechazó lo que calificó como «ataques infundados vertidos recientemente por el Presidente de la República» y lo acusó de «desacreditar el trabajo que esta institución realiza en cumplimiento de su mandato constitucional», según remarcó la administración de Porras.

Arévalo señala a Porras y «su gavilla de criminales» de ser una amenaza contra la democracia

La confrontación entre el MP y Arévalo se mantiene desde 2023, cuando la administración de Porras intentó impedir que asumiera la presidencia, en lo que la comunidad internacional calificó como un intento de golpe de Estado. En ese contexto, Pacheco, al frente de los 48 Cantones de Totonicapán, lideró parte de las manifestaciones que congregaron a miles de guatemaltecos en defensa del resultado electoral.

MP ALEGA QUE NO HAY FUNDAMENTOS

El MP expresó que es «preocupante y sumamente grave que desde el más alto cargo del Ejecutivo se pretenda deslegitimar la labor del Ministerio Público, acusando sin fundamento a su máxima autoridad y cuestionando procesos penales que han sido avalados por jueces competentes, como parte del debido proceso».

La administración de Porras ha sido señalada por informes internacionales de obstaculizar la lucha contra la corrupción. Además, la fiscal general y al menos seis altos funcionarios del MP han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de incurrir en prácticas corruptas y antidemocráticas. Porras tiene restringido el ingreso a más de 40 países.

Abogado: juez Cuarto Penal «A», Mario Rodrigo Flores Maldonado, firmó orden de captura contra Luis Pacheco

Esta mañana, Arévalo calificó a la gestión de Porras y a los funcionarios que respaldan sus decisiones como «una cuadrilla de criminales», y denunció que la captura de Pacheco representaba un «ataque a la democracia y a la lucha de resistencia del 2023 para evitar que las redes político criminales que permanecen agazapadas en el Ministerio Público se robaran las elecciones y burlaran la voluntad popular».

Ante estas acusaciones, el MP aseguró que «las órdenes de aprehensión, diligencias de investigación y demás actuaciones del MP se realizan en estricto apego a la ley, con imparcialidad, objetividad y sin distinción de personas. No responden a intereses políticos, personales o económicos, sino a la búsqueda de justicia», pese a que el presidente insiste en que se trata de un caso de criminalización.

Presidente Bernardo Arévalo insta al Congreso a actuar ante el acoso del MP de Porras

Asimismo, Arévalo acusó al MP de «salir a torpedear los esfuerzos que como nación tenemos que realizar conjuntamente», mientras que el órgano investigador respondió que «resulta inaceptable que se pretenda responsabilizar al Ministerio Público por la falta de resultados en áreas que son competencia exclusiva del Ejecutivo».

MP LANZA ADVERTENCIA A ARÉVALO

El mandatario, además de denunciar un constante acoso por parte del MP hacia otras instituciones del Estado, instó al Congreso de la República a frenar estos ataques a través de dos iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo. Estas reformas abrirían la puerta a la destitución de Porras, una de las promesas que Arévalo hizo durante su campaña presidencial.

«Señores diputados, tienen ustedes en sus manos la posibilidad de impedir que estos criminales sigan actuando impunemente desde el MP», expresó el mandatario. «Es el momento en el que todos debemos defender la democracia, la institucionalidad y la justicia de este grupo de criminales agazapados en el Ministerio Público», remarcó.

El MP respondió asegurando que «más grave aún es el llamado a reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con el evidente propósito de deponer de manera ilegítima a la Fiscal General, con el fin de colocar a una persona afín al poder político de turno. Esa intención no solo atenta contra la independencia de esta institución, sino que constituye una amenaza directa al Estado de derecho y a la lucha contra la impunidad».

En enero, Arévalo anunció que su gobierno elaboraría un mecanismo para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo mando del Ejecutivo, no ejecutara órdenes ilegales del MP. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún avance público al respecto.

En respuesta, el MP advirtió que «promover el incumplimiento de órdenes judiciales, como lo sería instruir a la Policía Nacional Civil a no ejecutar órdenes de captura emitidas por jueces competentes, constituye una clara obstrucción a la justicia y podría configurar en la comisión de delitos».

La Fiscalía concluyó asegurando que no cederá «ante presiones, amenazas o intentos de cooptación» y añadió: «Guatemala merece instituciones que actúen con fortaleza, firmeza y honestidad, y seguiremos cumpliendo con nuestro deber constitucional: investigar los delitos y perseguir penalmente a quienes los cometen, sin importar de quién se trate».