Con el anuncio oficial de la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) comienza el final del doble período encabezado por María Consuelo Porras, quien de inmediato deberá comenzar todas las labores de relevo, informes de resultados, procesos en marcha, recursos y gastos. Claro que todo será una formalidad, y luego vendrá la verdadera auditoría de desempeño por fiscalías: una tarea que no debería enfrentar mayor resistencia; pero, después de ocho años y sobre todo de los últimos cuatro, habrá hallazgos y consecuencias.

Más allá de las cifras de casos “resueltos”, cuya inmensa mayoría son desestimaciones legalmente cursadas, la fiscal general saliente deja el dudoso hito del innecesario, sospechoso y estéril asedio contra la democracia de 2023. Una súbita y tardía solicitud de información de la Fiscalía contra la Corrupción hecha a la postuladora de fiscal general en su último día de funciones parece una metáfora de ciertos casos y una total paradoja de otros, en los cuales pasaron los meses y los años sin mayores resultados. Dicha fiscalía pedía información sobre los requisitos exigidos y evaluados, como si no hubieran seguido el proceso o como si la propia fiscal general saliente y varios allegados no hubiesen participado en el mismo.

Se entiende que hay personajes que están perdiendo el derecho de picaporte del cual presumían públicamente. Así también, son previsibles algunos cambios en el círculo de colaboradores cercanos, y por ello la improvisada averiguación arrastra un evidente conflicto de interés. Cualquier intento por sabotear el relevo, basado en suposiciones, constituiría prácticamente un asedio a la institucionalidad, tal como ocurrió con la denuncia anónima de “fraude” en 2023.

En el proceso de postulación hubo un reproceso en la configuración de la nómina, ordenado por la Corte de Constitucionalidad a partir de un amparo que fue otorgado provisionalmente y obligó a la postuladora a revisar los puntajes otorgados. Aunque tal resolución fue cuestionada, incluso por dos magistradas constitucionales, tanto la postuladora como el presidente cumplieron con lo ordenado. Hubo cambio de uno de los seis nominados y prosiguió la etapa de entrevistas.

Todo reclamo extemporáneo o espurio que sea acuerpado por personal del MP podría levantar sospecha de un afán de continuismo. Ocho años no son poco tiempo y hasta el repunte violento, que usualmente se achaca al Ejecutivo —el cual ha fallado en tomar las medidas policiales y penitenciarias necesarias— no solo depende de un poder, sino del ente perseguidor y también del Organismo Judicial. Por ejemplo, el lunes último, una jueza de Escuintla liberó bajo fianza a dos sicarios capturados en Tiquisate justo después de cometer un asesinato. ¿En dónde estaba la Fiscalía? Allí es donde radica la misión fundamental de García Luna a partir del 17 de mayo como fiscal general y jefe del MP.

Por eso, el cambio de titular precisa de un relevo ordenado, eficiente, puntual, con entrega total de cuentas y estado de la institución. Postreras certificaciones con resultados laudatorios no dejan de generar duda acerca de su pertinencia. En el Congreso también se cuecen habas verdes: durante la discusión sobre la ley contra el lavado de activos, bancadas como la UNE, Vamos, Todos y Cabal condicionaron el voto a una reforma a la Ley Orgánica del MP, para que el siguiente mandatario sí pueda destituir al fiscal general. Sí, el mismo artículo que no quisieron tocar en el inicio de la décima legislatura. Sin embargo, con tal chantaje, ya se colocan en una zona gris.