El delito de terrorismo está vigente en la legislación nacional desde el 2005, pero fue utilizado hasta ahora para perseguir a un grupo de líderes que manifestaron contra la fiscal general Consuelo Porras. Expertos ven riesgos por la persecución penal, que podría tener como fin criminalizar y buscar silenciar a la oposición.

Los hechos puntuales que llevaron a la detención de anteriores líderes de los 48 Cantones de Totonicapán no han sido expuestos porque el Ministerio Público (MP) tiene el caso bajo reserva, pero se conoce que fue por aparentes actos cometidos durante las protestas sociales del 2023.

Fue una jornada de manifestaciones encabezadas por los 48 Cantones, otros líderes indígenas y grupos sociales que se extendieron por semanas en el país. Su fin era garantizar la toma de posesión de las autoridades electas ante el temor de un posible “golpe de Estado”, y pedir la renuncia de la fiscal general y otros jefes del MP.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado tiene a su cargo el caso y detuvo a cinco personas el miércoles último, entre ellas a Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán.

Los cargos en su contra son asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. Delitos que, a criterio de expertos, son infundados, principalmente por la sindicación del delito de terrorismo.

Este último, siendo un cargo severo a nivel mundial, ocurre cuando algún grupo de personas, bajo serias amenazas de muerte, ataca a la población civil y edificios públicos a cambio de conseguir algo de las autoridades de gobierno.

Relacionar una protesta social con un acto de terrorismo no tiene fundamentos legales, según los analistas consultados. Se trata del abogado Edgar Ortiz, experto en Derecho Constitucional; Javier Monterroso, exsecretario del MP; y Nineth Montenegro, exdiputada que votó en contra de incluir el delito de terrorismo a la legislación guatemalteca.

Temor social

Ortiz considera que los posibles hechos cometidos en una jornada de protestas sociales están completamente alejados de un acto de terrorismo. “Están perfilando a algunos manifestantes no como infractores, sino como enemigos del Estado”, explicó.

Para él, una persecución penal tan severa, sin cumplir los parámetros legales para hacerlo, podría buscar infundir miedo, evitando que la oposición se manifieste ante las decisiones de las personas o grupos que ocupan altos puestos de poder.

“Me preocupa porque el mensaje número uno es de terror, paradójicamente, porque cuando una persona que ha participado en protestas enfrenta la pena máxima de prisión de 30 años, se manda un mensaje bastante contundente”, dijo.

La reserva del caso impide analizar con mayores elementos el caso contra Pacheco y los otros líderes, pero Ortiz explica que una manifestación social no entra dentro de los parámetros penales del terrorismo.

“En las protestas del 2023, insisto en que no conocemos los detalles del caso, pero a simple vista, si lo que se está argumentando es que hay delitos relacionados con algunos actos de la protesta, definitivamente eso no es terrorismo”, resaltó.

Este delito está vigente en Guatemala desde el 2005, pero es la primera vez que se persigue penalmente a alguien bajo la etiqueta de terrorismo. “Llevarlos al nivel de terrorismo es un exceso sin precedentes porque no es un delito que se haya aplicado antes en Guatemala”, opinó.

Las autoridades del MP, al exponer el caso, aseguraron que se trató de una investigación objetiva, pero para Ortiz podrían haber elementos de incluso un conflicto de intereses social, ya que los detenidos pidieron públicamente la salida de María Consuelo Porras.

“Es difícil pensar que no hay animadversión de la fiscalía, incluso un conflicto de interés, y no en términos legales sino sociales. Son personas que se opusieron a la fiscal que están recibiendo un trato severo”, concluyó.

Persecución autoritaria

Para Javier Monterroso, quien ocupó la secretaría privada del MP, una persecución por terrorismo en el marco de una protesta social está fuera de los parámetros legales.

“Es peligroso que se vinculen estos actos con temas de terrorismo. El terrorismo no está claramente definido en los convenios internacionales, es decir, no hay consenso global sobre qué actos son terrorismo o no”, explicó.

Aunque no es lo legalmente correcto, ya se han visto acciones de persecuciones legales alrededor de protestas o manifestaciones ciudadanas en países bajo regímenes que son calificados de dictaduras.

“En muy pocas ocasiones una protesta es considerada un acto de terrorismo. Esto pasó hace unos años en Nicaragua, donde se persiguió como terroristas a personas que se opusieron al régimen de Daniel Ortega”, comentó.

Durante las protestas del 2023 se impidió la salida de personas del edificio del MP, pero esta conducta tampoco escala a un acto de terrorismo, como lo sería derribar un edificio, atacar a civiles o amenazar de muerte, añadió.

“El terrorismo es un delito grave que incluye serias amenazas contra la vida de las personas. Una protesta ciudadana donde bien quizá no dejaban salir a personas de un edificio público no puede considerarse terrorismo, porque no se buscaba causar daños a la vida de las personas o a los inmuebles del Estado”, insistió.

Los señalamientos del MP, a criterio de Monterroso, son peligrosos porque podrían significar un precedente negativo para la nación. “Se está generando una persecución penal de tipo autoritaria, represiva. Se les persigue por tener una ideología política, no porque los hechos en sí mismos hayan sido ilegales”, agregó.

Mal utilizada

El 8 de abril del 2003, el Congreso conoció la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. Los diputados ponentes de la norma, según el documento, fueron Leonel Soto y Zury Ríos, excandidata presidencial.

La propuesta obtuvo un dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Finanzas, ya que, aunque se buscaba evitar financiar a grupos calificados como terroristas, la norma escaló en lo penal y permitió incluir en el Código Penal el delito de terrorismo.

La quinta legislatura del Congreso aprobó la norma el 31 de agosto del 2005, pero hubo votos en contra. Uno de ellos fue el de la exdiputada Nineth Montenegro, quien advirtió que una ley de este tipo sería empleada contra la oposición.

“Había temor de solo escuchar el término terrorismo porque se utilizó durante todo el conflicto armado interno para abatir a cualquier opositor con desapariciones forzadas, exilio y masacres”, explicó.

La excongresista asegura que, aunque la norma vino de convenios internacionales, esta no se acoplaba a Guatemala, ya que no es un país que se encontraba en guerra por haberse alcanzado la paz.

“Recibimos esa iniciativa con mucho impacto porque recién en 1996 había culminado el conflicto armado interno, en donde a cualquier opositor por su sola opinión se le tachaba de terrorista, era detenido o desaparecido hasta que llegaron los acuerdos de paz”, recordó.

Montenegro votó en contra de la ley advirtiendo que una norma de este tipo podría ser usada como un arma, para intimidar a personas opuestas con la ideología de las autoridades o grupos de poder.

“Preocupaba que tanto en cualquier momento la ley como la modificación para tipificar el delito de terrorismo a futuro pudiera ser utilizada como en épocas pasadas, es decir, contra cualquier opositor o cuestiones sin sentido”, recalcó.

Aunque la ley caminó por dos años en el Congreso hasta llegar a la aprobación, los argumentos que cuestionaron la ley no hicieron eco y los votos en contra fueron minoría.

“Lamentablemente se aprobó, hubo una mayoría, pero hay quienes tuvimos nuestras reservas porque en Guatemala todo es tan cambiante, nunca se sabe cómo una ley puede ser utilizada en contra de determinados sectores o favorecer a otros”, concluyó.

La audiencia de primera declaración contra Luis Pacheco, hasta el momento, será bajo reserva y los hechos por el supuesto delito de terrorismo no serán públicos. Se consultó una postura con el Departamento de Comunicación Social del MP para conocer su punto de vista por el análisis de los expertos, pero no respondieron a las preguntas enviadas.