Autor: Luis Chávez
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En Guatemala, ser mujer ya implica enfrentar desigualdad. Pero ser mujer indígena significa cargar con una doble condena: el machismo y el racismo.

En las calles, en los mercados, en trabajos informales y hasta en espacios donde debería garantizarse el respeto, muchas mujeres indígenas no son vistas como personas con derechos plenos, sino como cuerpos disponibles o como mano de obra a la que se le puede exigir más y pagar menos.

No es casualidad. Es el resultado de una creencia silenciosa, pero profundamente arraigada: que ellas “tienen menos derechos”, que “aguantan más” o que “no van a denunciar”. Y esa peligrosa percepción ha permitido que conductas abusivas se vuelvan parte de lo cotidiano.

Pero hay algo que debe quedar claro: no es normal, no es cultural, y no es aceptable.

Lo he visto. No como una teoría, sino como una escena repetida.

Hay una mujer que vende panes en una esquina por donde paso con frecuencia. Siempre está ahí trabajando, sosteniendo su día con esfuerzo. Pero casi siempre, a esa misma hora, también hay un hombre observándola de forma lasciva, invadiendo su espacio con la mirada. Ella lo sabe. Baja la mirada, evita el contacto, se incomoda… pero no se mueve. No puede. La necesidad de trabajar pesa más que la indignación o el miedo.

Esa escena, que podría parecer pequeña o incluso “normal” para algunos, en realidad es profundamente reveladora. Expone cómo muchas mujeres indígenas viven atrapadas entre la necesidad económica y la falta de respeto. No es solo una mirada: es una forma de dominación silenciosa, sostenida por la creencia de que pueden ser tratadas así sin consecuencias.

Esto no solo ocurre en la calle. También se replica en lo laboral.

Muchas mujeres indígenas enfrentan jornadas extensas, salarios injustos y condiciones precarias, sin contratos ni garantías mínimas. La ley existe, sí. Los derechos están escritos. Pero en la práctica, la desigualdad los convierte, para ellas, en letra muerta.

Y lo más grave es que como sociedad hemos aprendido a convivir con esto. Hemos normalizado el abuso, el desprecio sutil, la explotación disfrazada de oportunidad. Hemos permitido que estas situaciones se vuelvan parte del paisaje.

Pero una sociedad que normaliza la falta de dignidad pierde, poco a poco, su propia dignidad.

Es momento de decirlo con claridad: estas conductas deben ser inaceptables.

No hay justificación cultural, económica ni social que permita reducir a una mujer –menos aún a una mujer indígena– al objeto de deseo o de explotación.

Incluso en lo aparentemente cotidiano se esconde la discriminación. El lenguaje, que debería ser una herramienta de respeto, muchas veces se convierte en un reflejo de desprecio. No es casual que a muchas mujeres indígenas se les trate de “vos” de manera automática, mientras a otras personas se les reserva el “usted” o el “tú”. Ese uso no siempre es cercanía: es, en muchos casos, una forma de marcar distancia social, de insinuar que no merecen el mismo trato, el mismo respeto ni la misma consideración. Son pequeños gestos que, repetidos todos los días, terminan reafirmando una idea falsa y peligrosa: que hay personas que valen menos que otras.

El respeto no debería depender de la etnia, de la forma de vestir o de la condición económica. Los derechos no cambian según la persona. Son los mismos para todos y deben respetarse siempre.

Las mujeres indígenas en Guatemala no necesitan lástima, ni discursos vacíos. Necesitan algo mucho más básico y urgente: que se les trate como lo que siempre han sido: personas con plena dignidad y derechos.

Porque el problema no es que ellas tengan menos derechos. El problema es que, durante demasiado tiempo, demasiados han creído que pueden ignorarlos.