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Tras rescindir contrato, CDAG queda habilitada para nueva licitación para remodelar del estadio Doroteo Guamuch Flores
Autoridades afirman que rescindieron el contrato de mutuo acuerdo con la constructora para evitar una judicialización que paralizaría la obra durante años. Diputados exigen esclarecer responsabilidades.
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La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) anunció la noche del 4 de diciembre que, de mutuo acuerdo, rescindió el contrato para la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, tras las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y un dictamen jurídico interno.
La decisión, según la entidad, busca evitar que el proyecto se judicialice y quede paralizado durante varios años.
La CDAG explicó que el contratista accedió a cuatro compromisos principales: no judicializar el proyecto, no reclamar saldos pendientes, garantizar mediante fianza —por 18 meses— el 35.43% de obra ejecutada, y desalojar y limpiar las áreas intervenidas.
La institución señaló que esta vía era la única que permitía avanzar hacia una nueva licitación para completar las obras.
En su comunicado, la CDAG defendió que ha actuado “con apego a la Ley de Contrataciones” y rechazó “categóricamente la desinformación generada por personas que buscan un beneficio personal”, afirmando que ya presentó las denuncias correspondientes.
También agregó antecedentes del proceso: la planificación inició en el 2021, el primer concurso quedó desierto en el 2022, y la licitación vigente se lanzó en el 2024, con firma del contrato en noviembre de ese año. La obra comenzó el 6 de enero del 2025 y el plazo del contrato vence el próximo 6 de diciembre.
¿Cuánto avanzó la obra?
Según la versión oficial, el proyecto alcanzó un 35.43% de ejecución física, equivalente a Q11.4 millones, que incluye trabajos como desinstalación de la pista y grama, nivelación de áreas, instalación de drenaje francés, cunetas y drenaje pluvial.
La CDAG afirma que advirtió al contratista sobre los atrasos en varias ocasiones y que, pese a la prórroga solicitada por la empresa en octubre del 2025, esta no fue concedida al considerar que los retrasos eran atribuibles al propio contratista.
La institución añadió que la Contraloría recomendó, el 26 de noviembre, optar por la rescisión de mutuo acuerdo y el contratista pidió formalmente resolver el contrato bajo esta modalidad.
La empresa Constructora y Distribuidora BreMar —responsable del proyecto— aún no ha respondido a las consultas enviadas para conocer su postura ante los señalamientos y la decisión oficial.
Reacciones en el Congreso
El diputado Jairo Flores expuso que la institución actuó “tarde y sin claridad”, lo que, a su criterio, agravó los riesgos para el proyecto. “Esto se pudo evitar si hubieran tomado decisiones a mediados de año, cuando ya era evidente que la obra no avanzaba”, afirmó el jueves 4 de diciembre al explicar los hechos.
Por su parte, la diputada Karina Paz confirmó que seguirá adelante con el proceso para presentar 38 querellas relacionadas con el caso.
“La posible comisión de delitos ya se dio, y es necesario que se investigue a los responsables de esta primera nefasta adjudicación. Ahora toca rescatar lo pésimo que hicieron desde un inicio”, declaró luego de conocerse el pronunciamiento oficial de la CDAG.
