A sangre fría

El cobarde y trágico atentado criminal perpetrado a sangre fría la mañana del sábado 17 de octubre del año en curso en las instalaciones del Campo Marte, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, arrebató la vida a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro y a Juan Francisco Solórzano Foppa, un acto de violencia armada en espacios públicos y contra dos ciudadanos guatemaltecos, uno de los cuales era un profesional del derecho y crítico severo de las circunstancias en Guatemala, vulnera gravemente el Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de la justicia en nuestro país.

Estos crímenes me hacen reflexionar sobre cómo, entre más cambian las cosas, más todo sigue igual. Un ejemplo de ello son los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que continúan operando al margen de la ley mediante la corrupción, la delincuencia organizada y la intimidación para generar impunidad. Nacieron durante el conflicto armado interno en Guatemala a partir de estructuras de inteligencia del Estado, como el antiguo Estado Mayor Presidencial. Los CIACS son auténticos adalides de la cleptocracia.

Muy probablemente mantienen o han mantenido lazos con funcionarios públicos, políticos y redes de seguridad privada. Se les vincula con el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y la cooptación de instituciones del Estado. Su investigación fue uno de los objetivos principales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto al Ministerio Público.

Los CIACS son manifiestamente contrarios al ejercicio de la libertad. De ésta la primera expresión que repudian hasta el paroxismo lo es la libertad de expresión. Poco o nada les importa que esté plenamente reconocida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), ni mucho menos de que exista una ley de jerarquía constitucional la Ley de Emisión del Pensamiento, decreto N° 9 de la Asamblea Constituyente, promulgada el 28 de abril de 1966.

Estos grupos ilegítimos han reproducido un discurso radical y extremo, propio de la guerra fría, buscando justificar lo injustificable, además de procurar adeptos. En este orden de ideas, buscan descalificar de entrada a cualquier persona que exprese ideas críticas contrarias al estatus cubo. El anatema de las ideas contrarias es una característica clara en su narrativa argumentativa. La atribución de adjetivos peyorativos esta siempre en consideración, más nunca un análisis fundamentado que convenza con otras ideas ni mucho menos con alguna propuesta que no sea el silencio.

Cuando las personas que las CIACS identifican como enemigas internas del sistema cleptócrata, no cejan en buscar la verdad histórica, son marcadas como blancos para el desprestigio, el socavamiento del buen nombre de la persona, la atribución de ideologías que, en un país tan conservador como el nuestro, causan repulsa, logrando con ello que muy pocos se atrevan a cuestionar si las cosas pueden ser diferentes. Eso sí, los valientes que se han atrevido a nadar contra corriente son sometidos a una vigilancia más especial, para recabar la mayor cantidad posible de datos sobre ellas, hasta que finalmente, quienes toman las decisiones en la cleptocracia, puedan ordenar la eliminación de aquellos ya categorizados como sus enemigos internos.

A lo largo de la historia de nuestro país esta ha sido una lacra constante. En este contexto propongo algunos ejemplos de personas que con alguna temeridad, se atrevieron a criticar, de una u otra forma, el estado de cosas en Guatemala. Me parece que impertérritos enfrentaron sus propios temores, que sin duda los tuvieron y aún así permitieron que conociéramos aspectos de nuestra realidad que de lo contrario seguramente quedarían en el olvido.

Los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack (1990), del investigador policial José Miguel Mérida Escobar (1991) y del obispo Juan José Gerardi (1998), junto con otros crímenes de la época, comparten patrones sistemáticos de violencia de Estado, motivaciones políticas y mecanismos de impunidad. Estos son los elementos fundamentales que tienen en común:

Todas las víctimas tenían un alto perfil público o técnico y sus actividades amenazaban las estructuras de poder del Estado o del Ejército:

* Myrna Mack Chang: Investigaba el desplazamiento interno forzado de comunidades indígenas a causa de la guerra, visibilizando los abusos institucionales.

* José Miguel Mérida Escobar: Como jefe de homicidios, redactó el informe policial que señaló directamente al Estado Mayor Presidencial (EMP) como autor intelectual del crimen de Myrna Mack.

* Monseñor Juan José Gerardi: Fue asesinado apenas dos días después de presentar el informe Guatemala: Nunca Más de la ODHAG, el cual documentaba miles de violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por las fuerzas armadas.

Los crímenes no fueron hechos aislados cometidos por la llamada delincuencia común, sino operaciones selectivas de inteligencia: «aparato organizado de poder» del Estado, específicamente a través de cuerpos como el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el sistema de inteligencia contrainsurgente. En los tres casos, la cadena de mando militar estuvo involucrada tanto en la planificación como en la ejecución o posterior encubrimiento.

Tras cometerse los crímenes, el aparato estatal implementó estrategias para ocultar el móvil político y culpar a terceros. Se intentó catalogar los hechos como robos, crímenes pasionales o delincuencia común. En el caso de Gerardi, incluso se llegó a incriminar a un perro de raza pastor alemán (de nombre Balú) y a un sacerdote para desviar la atención. Al investigador policial Mérida Escobar lo mataron precisamente por descubrir la verdad del caso Mack, y las redes de militares que operaron en el encubrimiento de Mack reaparecieron años después ligadas al entorpecimiento del caso de Monseñor Gerardi.

El proceso de búsqueda de justicia para estos casos se caracterizó por un entorno de extremo peligro. Amenazas de muerte constantes, acoso y exilio forzado de jueces, fiscales, testigos y familiares (como la prolongada lucha de la empresaria guatemalteca Helen Mack). Robo, ocultamiento y alteración de evidencias clave dentro de las propias instituciones públicas. patrón de violencia selectiva y contrainsurgente en Guatemala, todo diseñado para silenciar la verdad histórica, castigar la investigación independiente y proteger la impunidad militar de la época.

En el actual contexto las cosas no parecen ser distintas. Las personas que optan por criticar a la cleptocracia y proponer mecanismos para superarla, son sometidas a una especie de ordalía. Se promueve entre la población lo prosaico, lo insulso, como distractores. Se impulsan temores inveterados inspirados en modelos económicos y políticos que hasta los gobiernos más a la izquierda del espectro político han dejado atrás y superado adoptando el capitalismo como modelo hegemónico. Se ha exaltado el estándar individualista hasta sus ultimas consecuencias.

En dicho orden de ideas, la frase del filósofo español José Ortega y Gaset “Yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo”, (1914, p. 43-44) debería de alertarnos, si queremos tener el país que anhelamos, no podemos darnos el lujo absurdo de la indiferencia. Guatemala ha pagado con la vida de demasiados de sus hijos por el derecho de ser un Estado soberano en el que debería prevalecer frente a cualquier otra consideración el imperio de la ley, ese concepto que regula el artículo 153 de nuestra Constitución vigente.

Bien haríamos en recordar las razones por las cuales se organizó el Estado de Guatemala (artículo 1 CPRG): para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.