Saliendo un poco del burdo sainete cotidiano de ególatras politiqueros, de la debacle criminal que impacta a diario a la ciudadanía y de los abusos continuados de diputados que se fueron al descanso con todo y su ilegal aumento, es necesario ver hacia el lado del avance para tener una prospectiva menos tenebrosa. Hay noticias que alientan en lo productivo y también en lo cotidiano porque con ellas se avizoran posibilidades de mejora en campos como la seguridad energética de todo el país.

Uno de estos procesos que, literalmente, dará luz a Guatemala es la proyectada implementación y puesta en marcha de ocho proyectos de generación de energía solar en varias regiones del país. Cinco de estos parques fotovoltaicos ya están aprobados y empezarán a funcionar en los próximos cuatro años. Hay otras tres instalaciones de esta índole que están en espera de resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Hace poco más de tres semanas se lanzó la licitación para la contratación de energía generada en un plazo que va del 2030 al 2045, en un escenario de transición entre combustibles fósiles y fuentes menos contaminantes.

Durante el 2024, la energía solar solo representó un 2.5% de la generación eléctrica nacional; en parte, debido al coste de la tecnología necesaria, la disponibilidad de terrenos para la instalación de los equipos, la conectividad a la red nacional y los capitales de inversión interesados en esta modalidad. No obstante, los tiempos cambian, el horizonte del petróleo no es infinito y eso lo saben incluso los grandes productores árabes que empiezan a invertir en otros rubros. China, Estados Unidos, India y Japón, naciones industrializadas, encabezan en ese orden la lista de generación fotovoltaica y eólica.

La generación hidroeléctrica ha sido fundamental para el país, pero el cambio climático y la variabilidad en el régimen de lluvias —producto de la destrucción de bosques—, así como la reducción de los caudales de ríos, han reducido las expectativas de efectividad de inversión. Por aparte, manipulaciones seudoideológicas y acicateo de grupos irregulares que propugnan por mantener la pobreza en áreas rurales han conducido a violentas agresiones contra empresas y trabajadores, sin que el Estado haya intervenido en favor de los inversionistas y empresarios. ¿El resultado? Menos energía y la misma oscuridad en ciertas regiones, aunque poco a poco en tiempos digitales se comprende que la electricidad sirve para el desarrollo de todos, en áreas urbanas y rurales.

En todo caso, se necesita proteger las cuencas hídricas que aún se mantienen con caudales suficientes, como el caso del río Chixoy, que año con año llena la represa hidroeléctrica homónima. Esta operación de salvamento de ríos no solo serviría para mantener cierta generación, sino también para el abasto de agua de comunidades. Tal visión debería ser la que inspire y sostenga una ley de aguas integral, visionaria y fuerte, pero hasta ahora todos los anteproyectos se han quedado en la gaveta de las negligencias.

El formato fotovoltaico permite, eso sí, la producción energética a pequeña escala para comunidades o emprendimientos productivos en la provincia. Esto les da la posibilidad de tener una operación a mejor costo y con abasto asegurado, pero, además, pueden vender los excedentes al mercado mayorista. La facilitación de recursos para estos fines puede marcar nuevos derroteros para comunidades que necesitan integrarse a la tecnología para el desarrollo educativo, agrícola, turístico y artesanal.