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Trump solicita a la Corte Suprema reanudar expulsiones de migrantes venezolanos detenidos en EE. UU. hacia El Salvador
Unas horas después de que la Corte Suprema diera trámite a una demanda de la ACLU, el presidente Donald Trump y su gobierno presentaron una petición solicitando permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos hacia El Salvador.
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El presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión temporal que impide la expulsión de migrantes venezolanos hacia El Salvador, medida que fue ordenada de emergencia en la madrugada del sábado.
El recurso fue presentado por el procurador general, John Sauer, en representación del Gobierno de Trump. En él se pide permitir la reanudación de los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, así como que las cortes inferiores puedan continuar con el proceso judicial del caso.
La acción legal responde a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que alertó al Supremo sobre la inminente transferencia de migrantes desde un centro de detención en Texas. La organización argumentó que el Gobierno violaba una orden judicial al intentar deportarlos sin conceder un “tiempo razonable” para que defendieran sus casos.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, históricamente usada en contextos de guerra, para justificar las expulsiones. Afirmó que los migrantes forman parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que su administración ha calificado como organización terrorista.
“Esta es la mano del hombre que los demócratas sienten que debe ser traído de vuelta a los Estados Unidos, porque es una “persona tan buena e inocente”. Dijeron que no es miembro de MS-13, aunque tiene tatuado MS-13 en los nudillos, y dos tribunales altamente respetados encontraron que era miembro de MS-13, golpeó a su esposa, etc. Fui elegido para sacar a las malas personas de los Estados Unidos, entre otras cosas. Debo ser permitido hacer mi trabajo. ¡HAGAMOS GRANDE A AMÉRICA DE NUEVO!”, así lo expresó Donald Trump en una publicación en sus redes sociales.
El uso de esta legislación ha generado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos legales, quienes advierten sobre una posible crisis constitucional.
El Gobierno argumentó ante el Supremo que la demanda presentada por ACLU fue “prematura” al haber omitido el trámite ante tribunales inferiores.
Además, sostuvo que los migrantes fueron notificados “con antelación” sobre su traslado y que no serían expulsados bajo la mencionada ley.
Documentos judiciales revelados el viernes y confirmados por las autoridades federales indican que los detenidos en el centro Bluebonnet, en Texas, recibieron avisos escritos en inglés sobre su expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. ACLU denunció que varios de los migrantes no entienden inglés, lo que vulneraría sus derechos.
El Gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para trasladar migrantes al CECOT, una prisión conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos. A cambio, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para el sostenimiento del sistema penitenciario.
Hasta la fecha, más de 200 migrantes venezolanos han sido enviados a esta prisión, acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua. Sin embargo, un análisis reciente de Bloomberg reveló que el 90% de ellos no posee antecedentes penales en Estados Unidos.
