Todos los extranjeros mayores de 14 años que vayan a estar más de 30 días en Estados Unidos y que no hayan sido registrados por las autoridades estadounidenses al obtener su visado deben inscribirse, a partir de este viernes 11 de abril, en un registro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La obligación, bajo pena de multa de US$5.000 y hasta seis meses de prisión, es fruto de la orden ejecutiva emitida el 20 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, denominada Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, que reactiva una ley de 1940.

El decreto también obliga a los extranjeros a portar en todo momento una prueba de su inscripción en el registro.

El registro obligatorio entró en vigor después de que, en la noche del jueves, el juez federal Trevor Neil McFadden rechazó las objeciones presentadas por varias organizaciones, como American Immigration Council, que alegaron que el texto del decreto es “confuso” y “caótico”.

Los extranjeros afectados por la medida pueden inscribirse en línea a través del formulario G-325R del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Según señaló USCIS, la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) exige que “todos los extranjeros de 14 años de edad o más que no hayan sido registrados ni se les hayan tomado las huellas dactilares (si se requiere) al solicitar un visado estadounidense y que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar su registro y la toma de huellas dactilares”.

“Del mismo modo, los padres o tutores legales de los menores de 14 años deben asegurarse de que dichos menores estén registrados. En los 30 días siguientes a cumplir los 14 años, todos los extranjeros que ya hayan sido registrados previamente deben solicitar su reinscripción y la toma de huellas dactilares”, añadió USCIS.

El registro supone la apertura de una cuenta personal con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos e incluye la toma de huellas dactilares y fotografías.

La medida afecta, sobre todo, a millones de indocumentados que ahora deben decidir si se inscriben en el registro y proporcionan sus huellas dactilares y otros datos personales, o si se enfrentan a multas y posibles penas de cárcel.

Entre los afectados también están muchos de los casi un millón de canadienses que, cada año, pasan varios meses en el sur de Estados Unidos para escapar de los rigores del invierno canadiense. Se trata de los llamados snowbirds, quienes suelen ingresar por vía terrestre sin necesidad de visado.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los indocumentados han señalado que el objetivo del registro es presionar a los inmigrantes para que abandonen el país por su cuenta, ya que la inscripción proporcionará al Gobierno datos que facilitarán su expulsión. Algunos activistas y expertos legales han señalado que las personas indocumentadas en EE. UU. no deben inscribirse, al considerar la orden ejecutiva de Trump como “anticonstitucional”, aunque la decisión del jueves del juez McFadden podría cambiar esa opinión.