Cada vez es más evidente la necesidad de adaptar derechos individuales o de un sector social a los de todo ciudadano. La mayoría debe tener preeminencia cuando esos derechos mencionados significan daños sociales y económicos. Esto obliga a realizar cambios o suspensiones temporales de alguna parte de las leyes. El miércoles de la semana pasada, el respeto al derecho de los propietarios de autobuses al decidir protegerlos provocó, por ejemplo, escenas recogidas por teléfonos celulares, de cientos de los miles de ciudadanos caminando largas distancias entre el lodo para dirigirse a sus trabajos, con el agregado del peligro causado por posibles derrumbes. Afectó a los propietarios de automóviles, imposibilitados de utilizarlos como efecto de esa situación grave situación.

Un ejemplo parecido es el de los sindicatos de burócratas y de otros grupos cuando deciden detener el paso en calles y carreteras como medida de protesta y de presión económica o política a las autoridades. El derecho de reunirse ante éstas debe tener la condición de haber sido autorizados oficialmente, porque así se evitan o reducen en mucho los daños económicos directos o indirectos. Los turistas, otro ejemplo, sin duda se arrepienten por haber venido y convertidos en propagandistas de lo negativo, con consecuencias no solo inmediatas —la reducción de visitantes— sino a mediano y largo plazo. Cuando son políticamente motivadas, se debe reglamentar sobre las consecuencias legales, hasta de prisión, por quienes las planifican y dirigen, sin respeto alguno.

Guatemala ya es una ciudad colapsada en determinadas horas, por razones debidas a su crecimiento y a la falta de un plan maestro, con normas de obligado cumplimiento. Contribuyen, por ejemplo, la multiplicación exagerada de edificios residenciales en áreas donde las calles no tomaron en cuenta tal posibilidad y ahora crean un maremágnum a causa de la falta de parqueos suficientes según el número de apartamentos, pero además de lugares destinados a los visitantes. Lo mismo ocurre con las vías citadinas internas y de los lugares donde debería haber pasos a desnivel y toda clase de obras similares, cuya calificación debería ser de una urgencia nacional. Todo lo sufrido hoy se deriva de haber eliminado el plan maestro, decidido por Lucas García entre 1980 y 83.

Obviamente, el tema alcanza a las carreteras y a la necesidad de construir nuevas, ya sea estatales o con alianzas público privadas efectivas o decisiones privadas para realizar obras capaces de adaptarse al futuro tan cercano. Existen numerosos estudios y planificaciones, pero no han sido tomadas en cuenta o se realizan sin pensar en el incremento de las necesidades. Decisiones como detener el tránsito en una carretera para pedirle documentos a un piloto, son hechos absurdos, fuente de corrupción. Si a esos atrasos “normales” se agregan los causados por la idea de obtener dinero ciudadano con impuestos escondidos, como multas, la situación se vuelve como está ahora y demuestra la incapacidad oficial de pensar hacia el futuro a causa de la situación del presente.

Uno de los efectos menos tomados en cuenta es el rechazo popular a la democracia, como ocurrió en El Salvador y se manifiesta en casi todo el continente americano e incluso hasta en países como los nórdicos, aunque allí es menor. Y este rechazo abre el camino a demagogos, mentirosos y aprendices de dictador, algo también hecho realidad en varios países del resto de Europa y en Estados Unidos. En la totalidad de casos, la razón básica descansa en la falta de planificación del futuro, e indirectamente en el avance tecnológico vertiginoso. El futuro de Guatemala depende de la adaptación legal a la realidad, pero por desgracia la organización del Estado de seguro no cambiará. De serles posible los diputados pondrían impuestos a las históricas carabelas.