Más que incumplir deberes

El incumplimiento de deberes es, de por sí, un delito regulado en el artículo 419 del Código Penal y se aplica a quien omite realizar un acto propio de su función pública. El Fiscal General, hablando en el Congreso, dijo que “hay expedientes que están prácticamente escondidos” y que algunos no se podrán revivir judicial o legalmente, lo que hace aún más grave el delito cometido por las anteriores autoridades del Ministerio Público para apañar la corrupción. La Hora llevó durante 800 días la cuenta del tiempo que llevaba Consuelo Porras ocultando cualquier caso que vinculara a Miguel Martínez, pareja sentimental de Alejandro Giammattei y, como él solía llamarse, auténtico Jefe de Jefes durante esa sucia administración.

Porque incumplir deberes es algo serio, pero el delito se agrava cuando el mismo es resultado de un pacto sucio para proteger a los que saquean los fondos públicos y se hacen millonarios a costillas del sufrimiento de los guatemaltecos, en especial de aquellos que carecen de elementales servicios básicos, no digamos de oportunidades para vivir dignamente y seguir creciendo de manera integral. La declaración de Gabriel García Luna, hecha ante la comisión de finanzas del legislativo, es lapidaria y confirma que aquí hay mucho más que el simple incumplimiento de deberes y se trata de complicidad irrefutable con los que se dedican a adueñarse de los fondos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Cuatro meses han pasado desde que Porras dejó el cargo y lo asumió García Luna, tiempo en el que, según sus palabras, han ido encontrando muchos casos que fueron deliberadamente ocultados en el Ministerio Público, situación que durante todo ese tiempo señalamos claramente en las publicaciones de La Hora, puesto que sabíamos -y nunca nos quedó la menor duda- cuál era el papel que ella jugaba como encargada de la investigación criminal.

La gran duda es, ¿cuántos de esos casos tienen que ver con el famoso lavado de dinero que tanto se denunció y que siempre quedó con enorme Consuelo y la proyección de un Ángel guardián?

El incumplimiento de deberes tiene penas de prisión de tres a seis años. Obviamente el daño causado por ese incumplimiento determina el tipo de condena y cuando quien tenía la altísima obligación de investigar cualquier delito, especialmente los de corrupción y acuerdos para lograr impunidad, no solo puede quedar con los seis años que establece el Código Penal sino que tiene que ser vinculada a los otros delitos que se cometieron para lograr el sucio propósito de que nadie pudiera investigar absolutamente nada que involucrara a quienes nombraron a Porras y, especialmente, al Jefe de Jefes, aquel que en una llamada reclamando a Giammattei pidió que pusiera en orden a esa “vieja ****”.

Entendemos que desenterrar esa podredumbre no ha sido fácil, pero el peso de la ley tiene que caer sobre quienes han sido parte de la destrucción del sistema de justicia para alentar y facilitar la corrupción.