Nos vamos de nuestros lugares de origen por varias razones, pero, básicamente, para sobrevivir y apostarle a vidas más dignas. Somos migrantes desde que el primer ser humano habitó la tierra y lo seguiremos siendo, a pesar de todos los Trumps. Guatemala, país de narcos, corruptos, ladrones, criminales y mareros, es uno de los países del gran corredor centroamericano que más puede dar cuenta de la migración, porque no solo es país expulsor, sino de tránsito y, ahora, de destino.

En junio de 2023 se designó a Guatemala, por un acuerdo entre los anteriores gobiernos guatemalteco y estadounidense, como país de procesamiento de migrantes. El nombre no es oficial en ninguna parte, porque las narrativas políticas siempre visten todo de rosado, pero los hechos prueban que Guatemala se ha convertido en una especie de tercer país seguro para los deportados y retornados, para los migrantes en tránsito y las personas solicitantes de asilo y refugio. Frente a esto enfrentamos, como sociedad, enormes desafíos.

¿Cuántos empleos hay para quienes son retornados o deportados a Guatemala, si ni siquiera hay empleos para los connacionales? ¿Cómo controlar la violencia que podría incrementarse en un país con más población y sin acceso a vidas dignas? ¿Cómo recibir y responder a las personas que se acostumbraron a vivir en Estados Unidos y ahora son devueltas a una Guatemala que ya no conocen? (El 50% de los “retornados” corresponde a este perfil). ¿Cómo se asignará y ejecutará el presupuesto para la atención de migrantes? ¿Qué mecanismo existe para la búsqueda de personas desaparecidas en situación de migración, sobre todo niñas, niños y adolescentes?

La gestión del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se ha tenido que fortalecer ante tamaño desafío, y quizás uno de sus aciertos es tener como marco de referencia el Código Migratorio, que pone en el centro los derechos humanos de las personas migrantes. Otro, es darle vida a la política migratoria que ha sido socializada con diversos sectores. Un par de cosas más: el fortalecimiento de la Dirección de Atención y Protección del IGM, y el Plan “Retorno al Hogar” que se basa en tres momentos: 1.) Recepción en aeropuerto; 2.) Atención y registro para entrevistas más profundas que responden a lo contenido en la política migratoria; y 3.) El albergue para personas retornadas que apoya en las primeras 72 horas.

También se han instalado unidades móviles de pasaportes en varios municipios y departamentos del país; se actualizó el Protocolo del Mecanismo Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, suscribiendo un acuerdo con la Fundación de Anatropología Forense (FAFG). Se proyecta la instalación, para este año, de cinco sedes regionales migratorias y se ha llegado a acuerdos entre el IGM y el Ministerio de Trabajo o la Gremial de Agencias Reclutadoras, con el fin de ayudar a los trabajadores temporales a llenar los requisitos para trabajar en el norte. Pero eso no alcanza.

No podemos negar lo obvio: la cooperación al desarrollo en los países del sur se ha reducido drásticamente, las fronteras se han corrido y militarizado, las políticas migratorias se han endurecido, hay cada vez más tecnologías de vigilancia (datos biométricos) y criminalización de la migración en nuestra región, y la xenofobia está más despierta que nunca, gracias a las narrativas de odio que impulsan algunos dirigentes políticos de países del norte global y sus netcenters.

Es momento de articulaciones nacionales y regionales, de intercambios de experiencias y prácticas de respuesta y resistencia, de profundizar en investigaciones sobre la migración en los contextos actuales, y de hacer incidencia política ante estos desafíos. Es momento de recordar que no hay persona de la especie humana, que no tenga rastros de migración en su ADN.