La Constitución Política de la República dice en su artículo 168: “Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad”. Y es que la llamada “fiscalización” de otras entidades del Estado forma parte de las atribuciones legislativas, pero en la Carta Magna no aparece tal término; tampoco el de “citación”, sino solo el de “invitación” de funcionarios a sesiones, comisiones y bloques, siempre con el objetivo de responder sobre asuntos atinentes a su cargo. Y si se trata de abordajes más graves, por deficiencias, negligencias o situaciones críticas, existe el recurso de interpelación.

Sin embargo, desde hace al menos tres legislaturas, las “citaciones” han ido distorsionándose en su naturaleza y cantidad, al punto de hacerse irrelevantes, por su excesiva frecuencia, falta de resultados o escenificación de agendas que nada tienen que ver con el bien común. Se han visto auténticos sainetes, shows egolátricos, monólogos vociferantes y hasta desplantes de intolerancia, racismo y cero educación.

El más reciente de tales numeritos ocurrió cuando el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, le arrojó un neumático al ministro de Comunicaciones, como reclamo por el mal estado de las carreteras. Si quería volverse viral, lo logró, pero generando un masivo repudio por agresión, incluso de ciudadanos que también exigen mejoras viales. Y tal rechazo obligó al legislador a ofrecer disculpas ayer. La acción fue premeditada, obviamente, pues ni siquiera un prestidigitador saca de la nada una llanta de debajo de una mesa. Debería despedir a quien lo asesoró a tal maroma violenta, y si fue ocurrencia suya, peor. Quizá fue así como surgió la idea de avalar la enmienda que sirvió para el ilícito aumento salarial legislativo en noviembre.

Pero para la agresión no solo se necesita sacar llantas; también se puede sacar el cobre al demostrar irrespeto e intolerancia rayana en el racismo, tal como se denunció públicamente a inicios de mes, cuando el diputado Sergio Enríquez Garzaro le dijo a la viceministra de Desarrollo, Bertha Zapeta, maya k’iche’, que, “por educación”, hablara en español, como si utilizar un idioma materno no fuera lo más educado en un país pluricultural como Guatemala. A inicios de este mes, Zapeta interpuso una querella por discriminación y racismo contra Enríquez. Se desconocen los resultados, pero el precedente de la citación, o más bien tácita incitación al irrespeto, es nefasto.

En contraste, basta observar la actitud de ciertos diputados, como el exalcalde de Villa Canales Julio Marroquín, quien de manera aquiescente recibe al cuestionado dirigente sindical Joviel Acevedo, que tácitamente acicatea la continuidad del paro magisterial, a pesar de desacatar con ello órdenes judiciales. Sí, se desmovilizó el estéril campamento de champas en la Plaza de la Constitución, pero sus seguidores no retornan a las aulas, con lo cual no perjudican al Ministerio de Educación, sino a cientos de miles de estudiantes. Pero aún así, el legislador quiere hacer de celestino para que le concedan a Acevedo lo que no ha podido lograr en ocho meses.

Mientras tanto, se sigue acercando el segundo período de sesiones y otro mes de cobro del aumento abusivo, inaceptable, ilegal e improcedente, toda vez que no ha sido discutido ni aprobado en pleno. Las comisiones legislativas bien podrían enfocarse en elaborar iniciativas de ley urgentes y largamente relegadas. Sí, se necesita auditar el desempeño de otros organismos del Estado, pero hay que empezar por casa, y la X legislatura no parece dar la talla, peor aún a las puertas de disputas por presupuesto y designaciones de MP, CC y TSE en el 2026.