Diputados electos por el Movimiento Semilla impulsan desde el Congreso la iniciativa para la agilización de la inversión pública, con la cual se busca permitir al Estado gastar con mayor rapidez los recursos destinados a proyectos enfocados en salud, educación, carreteras y desarrollo.

La propuesta genera dudas entre analistas porque podría abrir la puerta a grupos vinculados con la corrupción, al aprovechar posibles vacíos legales.

La iniciativa fue presentada el 11 de julio y tiene el número de registro 6576. Actualmente, se encuentra entre los proyectos que podrían ser leídos durante la sesión de este martes, para posteriormente ser analizada y dictaminada por la comisión de trabajo correspondiente.

Los firmantes son los diputados oficialistas Victoria Palala y José Carlos Sanabria. Este último afirmó que la propuesta surge “escuchando las preocupaciones de los ejecutores de inversión pública”.

Destacó que, con esta herramienta legal, el presidente Bernardo Arévalo y el resto de funcionarios podrán poner en marcha varios de los proyectos presentados en el plan de gobierno del Movimiento Semilla.

“Crea un fondo de inversión estratégica que genera certeza sobre los recursos de las entidades más importantes que se desarrollarán en el gobierno, tales como caminos rurales, institutos, ciudades deportivas, metro, aeropuerto y sistema ferroviario. Esto constituye los principales compromisos de inversión pública que están contenidos en nuestro plan de gobierno”, señaló.

Sanabria aseguró que “la iniciativa sí cuenta con el respaldo del Ejecutivo” y resaltó que el proyecto no modifica ningún artículo que contravenga los principios de transparencia o fiscalización.

Algunos elementos

El artículo 5 de la propuesta legal contempla la creación del Fondo para la Ejecución de Inversiones Estratégicas (Foinves), que permitirá a cualquier institución con proyectos de inversión estratégica contratar de forma directa.

Esto implica que se dejarían de lado los procesos de licitación que garantizan transparencia mediante la exposición pública de las ofertas recibidas por el Estado para adquirir bienes o servicios.

El Foinves estará a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), entidad que podrá suscribir los convenios que considere necesarios para los proyectos.
Entre las entidades mencionadas figuran la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

El artículo 6 busca agilizar los trámites de inversión mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuyas solicitudes podrán ser autorizadas en un plazo de cinco días.

Si en ese plazo no se emite respuesta, se dará por aceptada la solicitud. La vigencia de la propuesta de ley sería de tres años, es decir, hasta el final del periodo del presidente Arévalo.

Los riesgos

Para Renzo Rosal, analista político independiente, la iniciativa puede tener buenas intenciones, pero deja abiertos espacios que podrían ser perjudiciales para la transparencia y la fiscalización.

“Creo que los diputados la presentan quizá para respaldar al Ejecutivo. Si el objetivo es aumentar la eficiencia, aumentemos el gasto público, pero no solo es ejecutar más, sino ejecutar bien, con transparencia, para el beneficio de los ciudadanos. Ahí creo que está el talón de Aquiles de la iniciativa”, indicó.

A criterio del analista, uno de los principales riesgos es acortar los tiempos para los proyectos ejecutados desde los Codedes.

“Van a existir redes de corrupción, clientelares, que rondan alrededor de los diputados distritales, contratistas, proveedores y un montón más que se beneficiarán con una ley de esta naturaleza”.

En respuesta, Sanabria defendió su propuesta indicando que cuenta con mecanismos de control: “Nuestra iniciativa no busca permitir ni darle rienda suelta a la corrupción. No modifica nada de lo que ya está regulado y, por otro lado, tampoco se excluyen requisitos. No busca promover la creación de proyectos sin respaldo técnico”.

Rosal sostiene que hay solo dos soluciones posibles: retirar la iniciativa por los riesgos que implica o reforzarla para evitar que grupos corruptos se aprovechen de ella.
“Me parece preocupante que los diputados que la impulsan no tengan una mínima visión estratégica de preguntarse a quién realmente beneficia una ley de este tipo”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de retirar la propuesta, Sanabria respondió: “Nosotros, como bancada oficial y Ejecutivo, estamos siempre en disposición de explicar las dudas de diferentes actores sobre esta iniciativa”.

Actualmente, el oficialismo encabezado por Sanabria asegura que busca apoyo con otras bancadas para el momento en que la propuesta sea discutida por el pleno.