Las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) dejaron de recibir la totalidad de los recursos destinados a la alimentación escolar por la aprobación de la denominada Ley Ganadera del 2024. Asunto que este martes 21 de octubre fue resuelto por el Congreso, al aprobar una reforma legal.

Esa norma, que según analistas podría facilitar actividades de lavado de dinero, introdujo un esquema especial de tributación que permitiría la regularización de fondos de procedencia dudosa. Durante su aprobación, se incluyeron artículos que afectaron directamente la asignación de fondos para la refacción escolar.

“Repercute directamente en la cantidad y calidad de alimentos que deben proporcionarse a los alumnos de los distintos centros educativos, al ser menor la cantidad monetaria que se entregaría por alumno, por lo que se concluye que, en lugar de disminuir los aportes, deben fortalecerse económicamente de acuerdo con la finalidad de la Ley de Alimentación Escolar”, refiere el dictamen de la iniciativa.

El dictamen fue emitido de forma favorable por la Comisión de Seguridad Alimentaria, y estaba previsto para conocerse en primera lectura durante la sesión de este martes 21 de octubre.

Sin embargo, diputados del bloque Cabal impulsaron una moción para alterar el orden del día y aprobar la iniciativa de urgencia nacional. Aunque la propuesta generó amplio debate, finalmente fue rechazada.

No ocurrió lo mismo con una segunda moción presentada por la diputada Sofía Hernández, del bloque Vamos, ponente de las reformas, quien recibió el respaldo tanto de oficialistas como de la oposición para que se conociera de urgencia nacional.

Los cambios

La iniciativa eliminó dos artículos creados durante la aprobación de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, que obligaban al Ministerio de Educación (Mineduc), a retener impuestos de los fondos asignados a la alimentación escolar.

Con la reforma se suprimió un artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otro contenido en la Ley Ganadera, lo que reducía los recursos que recibían las OPF.
Durante la sesión, los diputados de Cabal también obtuvieron apoyo para modificar el Presupuesto del 2024, ya que una escuela de agricultura no estaba recibiendo los Q3.5 millones autorizados el año pasado debido a un error en el nombre oficial del establecimiento.

La ley quedó aprobada en su redacción final por 144 votos y se convirtió en el Decreto 10-2025.

Posturas divididas

La retención del IVA en las transferencias del Programa de Alimentación Escolar, aplicada por el Ministerio de Educación (Mineduc) conforme al artículo 13 del Decreto 31-2024, había dejado a miles de estudiantes con menos comida en sus platos. En varias escuelas se dieron instrucciones para reducir porciones, reemplazar ingredientes o eliminar algunos productos del menú.

El apartado mencionado, que es parte de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, reduce la asignación diaria por niño que se transfiere a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para adquirir los alimentos. En los niveles de preprimaria y primaria se restaban antes de la reforma Q0.64 a la cuota de Q6; en el nivel inicial y la secundaria —básicos y diversificado— se reducen Q0.43 de los Q4 asignados.

La bolsa de alimentos, que se entrega ante la falta de cocinas en las escuelas, también ha sido afectada. La directora de una escuela en Escuintla indicó que la OPF tuvo que retirar una libra de azúcar y una de frijol por niño, y que el proveedor informó que no podrá mantener la misma calidad de los productos en próximas entregas.

Sin embargo, en el otro extremo estaba el análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) consideró oportuna la reforma legal, al señalar que la eliminación de esas restricciones permitirá reducir costos y simplificar los procesos para la adquisición de alimentos. Antes de la aprobación de la ley ganadera, las OPF debían pagar el 12% de IVA al adquirir insumos de establecimientos registrados ante la SAT, además del margen de intermediación de los proveedores acreditados, lo que reducía los fondos disponibles para financiar los alimentos.

Sin embargo, aseguró la SAT, con la entrada en vigor del Decreto 31-2024, en abril pasado, el Mineduc asumió la responsabilidad de retener y trasladar directamente el impuesto a las cajas fiscales, lo que libera a las OPF de esos gastos operativos y los antes mencionados.

“El cambio normativo mantiene al Estado como consumidor final, ya que las instituciones públicas no están exentas del IVA y deben absorberlo en sus adquisiciones. No obstante, el nuevo mecanismo busca evitar que las OPF paguen el IVA completo en sus compras”, aseguró la SAT a Prensa Libre el pasado 14 de octubre.