Guatemala ha cruzado una línea histórica. El Congreso, en una decisión arrolladora, declaró a las maras Barrio 18 y MS-13 como organizaciones terroristas, un paso que muchos consideraban inevitable y otros, demasiado tardío. El Estado por fin se atreve a nombrar al terror por su nombre. Por primera vez, el país reconoce que no enfrenta simples bandas juveniles, sino un sistema criminal transnacional, que ha paralizado la economía informal, corrompido instituciones y normalizado la extorsión como tributo cotidiano.

El cambio no ocurrió en el vacío. Washington había ejercido presión constante para que Guatemala adoptara una estrategia similar a la suya y reconociera oficialmente a las maras como organizaciones terroristas. La clasificación de Barrio 18 como grupo terrorista por parte de Estados Unidos fue el punto de partida que impulsó al Congreso guatemalteco a actuar con rapidez. La reciente fuga de 20 cabecillas en Fraijanes 2 fue el detonante que empujó a los diputados a legislar con urgencia. En pocas horas, el Congreso aprobó lo que llevaba años archivado: una ley que permite confiscar bienes, endurecer condenas y juzgar a los mareros en tribunales de alto riesgo. Ahora, todo depende de que el Ejecutivo la sancione y la haga cumplir sin vacilaciones.

Los números revelan la magnitud del problema. Se estima que entre 20 mil y 25 mil mareros operan activamente en Guatemala. Su control territorial abarca colonias, mercados, transportes y microempresas. En 2024, las extorsiones generaron más de Q500 millones y las pandillas estuvieron detrás del 70% de los homicidios registrados en el país. No es una violencia aleatoria; es un modelo económico perverso que asfixia a los más pobres, y genera un clima de terror que ni la política ni la justicia han sabido contener.

Frente a este panorama, surge inevitable la comparación con el “modelo Bukele”. El presidente salvadoreño logró lo que parecía impensable. Revertir décadas de dominio pandillero, mediante el plan Control Territorial y la creación de una megacárcel de máxima seguridad, que hoy encierra a decenas de miles de pandilleros. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, se ha convertido en un símbolo de control y eficacia penitenciaria. Con capacidad para 40 mil reclusos, cámaras de vigilancia las 24 horas, perímetros dobles de seguridad, escáneres biométricos y un régimen de aislamiento absoluto, el complejo logró neutralizar la comunicación entre los líderes de las maras y el exterior. Allí no existen teléfonos, privilegios ni visitas, solo control. El resultado ha sido contundente —las pandillas dejaron de dirigir operaciones desde prisión y los índices de homicidios cayeron a niveles sin precedentes en la región—.

Guatemala puede —y debe— aprender de esa experiencia. No se trata de imitar la firmeza sin estrategia, sino de imitar la coherencia y la voluntad política. De poco servirá declarar terroristas a las maras si las cárceles siguen siendo hoteles criminales, si los jueces liberan por tecnicismos o si los policías continúan siendo carne de cañón sin respaldo estatal. El país necesita una política de seguridad integral, no parches ni gestos simbólicos.

El desafío es monumental, pero inaplazable. Guatemala tiene una oportunidad de romper el ciclo de miedo que la ha mantenido rehén por décadas. Nuestro país podría aprender y cooperar directamente con El Salvador en este campo. Solicitar asesoría técnica al gobierno de Bukele para diseñar una prisión de máxima seguridad similar no sería un acto de imitación, sino de inteligencia estratégica.