La Real Academia Española define corrupción como la acción y efecto de corromper o corromperse. También define la palabra corrupción como el deterioro de valores, usos o costumbres. Y también así: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”.

En Guatemala, en Latinoamérica, en todo el continente de América y últimamente en España hemos visto acusaciones, juicios y encarcelamiento por corrupción, pero lo que más se ha dado es acusaciones y lo que menos se ha dado es encarcelamiento. En España, solo con buscar en redes sociales, las acusaciones a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, da gusto cómo la oposición, representados por Alberto Núñez Feijóo, diputado y presidente del Partido Popular desde 2022, y Santiago Abascal, diputado y líder del partido político Vox desde 2014, de frente en el Congreso de los diputados le dicen y le sustentan todo lo sabido en actos de corrupción, pero hasta ahora queda ahí. Ahí se ve madurez política de Feijóo y de Abascal, pero también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y muchos políticos más en cuanto al sustento de las acusaciones a Sánchez y miembros de su gobierno.

En el caso de América del Sur, donde nace el Foro de Sao Paulo, cuando Fidel Castro y Hugo Chávez aún vivían, movían todo para que varios países de Latinoamérica llegaran a ser gobernados por políticos de izquierda, de lo cual había algo en común en todo eso: tenían que llegar a cooptar el Tribunal Electoral y el sistema de justicia para que se perpetuaran en el poder. El pensamiento o el libreto ideológicos del Foro de Sao Paulo ahora se agrupa en el Grupo de Puebla, fundado el 14 de julio de 2019.

En el caso puntual de Guatemala, hemos tenido corrupción desde quién sabe cuándo, pero lo que sí es bien marcado para quienes nacimos de los años 60 para acá, es que desde 1986 siempre la corrupción se ha vuelto el gran tema. Yo soy un creyente del cuidado que se debe tener en la elaboración y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que en lugar de ser un plan financiero que detalla los ingresos esperados y los gastos propuestos para un año especifico, se ha vuelto la principal herramienta de fomento a la corrupción. El mismo actual mandatario, Bernardo Arévalo, lo decía en campaña en 2023 que, del presupuesto, el 40% se iba en corrupción, y lo primero que hizo su ministro de Finanzas y sus operadores en el Congreso fue lograr aprobar en 2024 una ampliación al presupuesto vigente, y luego consiguieron el presupuesto 2025. Entonces, si en 2023 el 40% ya se iba en corrupción, imaginemos ahora cómo será la cosa.

Los US$1,500 millones que el Gobierno de Guatemala emitió recientemente no eran para nada necesarios. Primero, porque se sabe que hay más de Q30 mil millones en la caja, y segundo, porque desde el momento de colocarlos ya generan intereses y eso aumenta la deuda. La pregunta es por qué lo hicieron, y la respuesta pasa por razones netamente políticas que tienen que ver con el período preelectoral y electoral.

Pero quizá es más importante regresar a lo que anoté en mi artículo anterior sobre las elecciones en 2026, y lo primero a destacar es la importancia de las elecciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que los elige el Congreso de la República. Lo primero es lo primero, y ahí viene lo delicado de que en el Congreso se elija una Junta Directiva para 2026 con las mejores personas posibles. De ahí dejo de tarea al interesado revisar las diferencias entre el primer TSE de 1983 y el actual, tema que abordaré en siguiente artículo.