Desde hace tres semanas, las huestes de Joviel Acevedo acampan en la Plaza de la Constitución como medida de presión contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Poco les ha importado a los sindicalistas magisteriales que, en ese mismo lapso, miles de niños hayan quedado sin clases. Al final de cuentas, su preocupación no es la educación, sino la supervivencia de su gremio. Afortunadamente, el juez Quinto de Trabajo y Previsión Social, Carlos de la Cruz, otorgó un amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación y ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspender el paro iniciado el 19 de mayo. Esto significa que deberán recoger las carpas instaladas frente al Palacio Nacional y volver a las aulas. El amparo exige suspender de inmediato las medidas de hecho, por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Se trata de un golpe contundente contra Acevedo, quien buscaba sostener su resistencia ante un gobierno que, por primera vez en años, parece dispuesto a ponerle un alto a sus excesos.

Gobiernos anteriores —en particular los de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei— le entregaron en bandeja de plata el Ministerio de Educación a Acevedo, a cambio de su respaldo político. Este líder sindical pasó años entre apapachos y complacencias con los presidentes de turno, sin importarles el deterioro del sistema educativo. Acevedo se convirtió en una figura de peso, con capacidad de incidir directamente en las políticas del Mineduc. La confidencialidad del pacto colectivo protegía el contubernio que mantenía con los gobiernos de turno, más interesado en negociar cuotas de poder que en mejorar la calidad educativa. El aumento salarial para los maestros no era una prioridad. Basta con recordar que el STEG aceptó un raquítico 3% de incremento con Giammattei, porque lo verdaderamente importante era mantener el control sobre las decisiones educativas. Hoy, paradójicamente, Acevedo protesta por un aumento del 5% otorgado por el presidente Arévalo y la ministra Anabella Giracca.

Gracias a esos acuerdos oscuros, Acevedo operó durante años como un cuasi ministro paralelo de Educación. ¿Desde cuándo se necesita el visto bueno de un dirigente sindical para definir las políticas educativas del país? El líder sindical conocía de antemano todos los planes de trabajo del Ministerio y tenía potestad para decidir sobre ellos. Incluso se le debía consultar si un maestro debía ser trasladado, reubicado o sancionado. Tenía voz —y voto de facto— en decisiones como la alimentación escolar. De ahí su insistencia en mantener el seguro estudiantil, un gasto millonario ineficiente que nunca resolvió los problemas de salud de los alumnos. Su apoyo incondicional a los gobiernos anteriores ayudó a consolidar un sistema educativo estancado en la mediocridad.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de inconstitucionalidad contra siete puntos del pacto colectivo firmado con el STEG, por considerar que violan principios fundamentales de la Carta Magna. Estos artículos otorgan funciones a los sindicalistas que corresponden exclusivamente a las autoridades del Mineduc, debilitando su capacidad para tomar decisiones programáticas. Es decir, cualquier medida técnica orientada a mejorar la educación debe pasar antes por el filtro político o ideológico del sindicato. La Corte de Constitucionalidad tiene ahora la posibilidad histórica de acabar con este abuso, que ha significado la claudicación del Estado frente a un sindicato que decide quién enseña, qué enseña y cómo enseña. Los resultados están a la vista: ocho de cada diez estudiantes no comprenden lo que leen, y el futuro del país se nos escapa entre las manos.