Semana crucial en el Congreso: diputados deben aprobar ley contra lavado de dinero u otros activos
La primera semana de junio será clave en el Congreso de la República. Los diputados tendrán sobre sí la atención nacional e internacional, debido a que se espera que se lleguen a consensos y se apruebe en redacción final la ley contra el lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, debido a […]
La primera semana de junio será clave en el Congreso de la República. Los diputados tendrán sobre sí la atención nacional e internacional, debido a que se espera que se lleguen a consensos y se apruebe en redacción final la ley contra el lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, debido a cambios que se presentaron de último momento y con los que la Superintendencia de Bancos (SIB) no está de acuerdo.
El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, convocó a una reunión de instancia de jefes de bloque el 1 de junio, la tercera para estos mismos cambios, donde participan integrantes de la comisión de Economía y Comercio Exterior, como personal de la SIB para definir las enmiendas que se presentarán a la iniciativa de ley 6593, que contiene recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que el país vuelva a una lista gris por no cooperar contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
De las ocho enmiendas que presentaron diputados de Cabal, Vamos, Valor y la UNE, tres han sido rechazadas por la SIB, ya que pretenden cambiar el proceso de administración del riesgo en el artículo 8, la tipificación del delito de lavado de dinero en el 73, y la autonomía de ese delito en el 74. En contraparte, varios legisladores utilizan términos para argumentar que deben ser modificados y no «violen la Constitución».
Varios congresistas coincidieron en que, de ese grupo de modificaciones, algunas son aceptables de forma parcial, es decir, en cambiar algunos párrafos, como en la definición de transacción sospechosa, asociados cercanos, proveedor del Estado, como se aclara el término de Personas Expuesta Políticamente (PEP).
Previo a que los diputados inicien la aprobación por artículos de la ley contra lavado de dinero u otros activos, el 2 de junio se realizará la sesión solemne por el 41 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala.
SIN APOYO PARA CAMBIAR ARTÍCULOS TORALES
De acuerdo con Contreras, el personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB ha sido claro en que no se pueden modificar los artículos 73, que es la tipificación del delito de lavado de dinero u otros activos, como el 74, que se refiere a la autonomía del delito, ya que se dejaría fuera la recomendación de GAFI.
Varios jefes de bloque afirmaron que solamente apoyarán las enmiendas que tienen consenso con la SIB; de lo contrario, no.
Según abogados consultados y diputados, de modificar esos artículos será complicado para fiscales y jueces imputar de ese delito, ya que establecer frases en el artículo 73 como previamente determinado o la acreditación suficiente de la existencia del delito precedente, lo deja a interpretación de los abogados.
No obstante, Allan Rodríguez de Vamos y Rodrigo Pellecer de Elefante son los que defienden el modificar el artículo de la autonomía del delito para que no sea, según ellos, inconstitucional. Mientras que Elmer Palencia de Valor enfatizó que ninguna enmienda atenta contra la ley, sino que buscan estar en el marco de las recomendaciones del GAFI.
Pese a aumento de presión social, diputados insisten en negociar cambios a ley antilavado
El jefe del bloque de la UNE, José Inés Castillo, también apoya cambios a esos artículos, como es la inclusión de la palabra de un delito precedente para que se acuse de lavado de dinero u otros activos, pues a su criterio, para que haya dinero ilícito, debe existir un delito previamente. Esos diputados señalan que se busca «garantizar» la presunción de inocencia.
Saulo De León, jefe de la SIB, ha reiterado que el atraso de la aprobación de la ley complica la preparación de la institución para la evaluación de país prevista para febrero de 2027, pero que en octubre se espera la llegada de un equipo como acercamiento. A la vez, la Superintendencia debe elaborar un reglamento para la aplicación de la normativa.
Entre los riesgos que han señalado, tanto la SIB como empresarios y expertos, está que que el país vuelva a la lista gris; es que habrá más control para las remesas, lo cual incrementaría el costo para su envío, los créditos pasarán mayor revisión y mayor evaluación por entes internacionales.
Mientras que diputados que apoyan la ley como se remitió de la comisión de Economía, indican que se debe aprobar la actualización de una ley contra lavado de dinero u otros activos para combatir a grupos de narcotraficantes, pandillas y crimen organizado.
