En la década de los setenta, una historia que parecía salida de una mala novela colonial africana sacudió a Europa y reveló, con toda su crudeza, la profundidad de la corrupción política en el mundo. Jean-Bédel Bokassa, el extravagante emperador de la República Centroafricana, decidió en 1977 coronarse a sí mismo con una fastuosidad digna de Napoleón. En un país donde la mayoría de la población vivía en la miseria, Bokassa gastó millones de dólares, provenientes estos de la ayuda extranjera, en una ceremonia imperial con carrozas doradas, uniformes de gala y un trono en forma del águila napoleónica. Entre los invitados de honor, aunque ausentes físicamente, figuraban los principales dirigentes de Francia, la antigua potencia colonial, a la que Bokassa consideraba su protectora.

Pocos años después, en 1979, estalló en Francia el escándalo conocido como “los diamantes de Bokassa”. El semanario Le Canard Enchaîné reveló que el entonces presidente Valéry Giscard d’Estaing había recibido como obsequio un lote de diamantes del emperador africano cuando aún era ministro de Finanzas. La noticia provocó un terremoto político. Giscard intentó minimizar el asunto alegando que se trataba de un regalo de cortesía, pero la opinión pública no lo perdonó, los diamantes se convirtieron en símbolo de una política cínica, corrupta y alejada de los valores republicanos franceses.

El episodio del emperador Bokassa y el presidente Giscard no fue un simple intercambio de regalos diplomáticos; fue el retrato de una estructura internacional de corrupción donde el poder político se entrelaza con los intereses económicos y las herencias coloniales. Francia, que mantenía estrechos lazos con sus antiguas colonias africanas bajo la política llamada Françafrique, toleraba y muchas veces promovía regímenes autoritarios a cambio de concesiones mineras, apoyo diplomático o lealtad geopolítica. Bokassa fue producto de esa política, un tirano grotesco sostenido por una red de complicidades que iba desde Bangui, su empobrecida capital hasta París.

Este caso sirve como espejo de un fenómeno más amplio y persistente: la corrupción como enfermedad crónica de los sistemas políticos, tanto en el norte como en el sur. En muchos países, la corrupción no es una desviación del sistema, sino su modo de funcionamiento. Gobiernos que prometen transparencia terminan atrapados en la telaraña de los sobornos, los favores y los intereses. Las instituciones, debilitadas o capturadas, son incapaces de contener la voracidad de los poderosos. Lo que debería ser el Estado de derecho se convierte en un mercado de privilegios y conflictos evidentes de intereses.

La lección del caso Bokassa-Giscard sigue vigente. Hoy, los nombres y las geografías han cambiado, pero la trama es la misma. En las Américas, la Latina o la anglófona, en toda Europa, África o Asia, los escándalos de corrupción se multiplican con una regularidad alarmante. Presidentes que llegan al poder con el discurso del cambio acaban envueltos en redes de sobornos, financiamiento ilícito o malversación de fondos. En algunos países, la corrupción se ha institucionalizado y normalizado hasta volverse invisible, ya no parece indignar porque se considera parte natural de la actividad política.

La raíz del problema está en la insuficiencia de las instituciones y en la impunidad que las acompaña. Los organismos de control han sido cooptados, los jueces nombrados por el gobernante son presionados, los congresos y asambleas se transforman en clubes de intereses y los medios de comunicación, en muchos casos, son comprados por los mismos grupos económicos que buscan proteger sus privilegios. Sin un poder judicial independiente, sin una prensa libre y sin una ciudadanía activa y vigilante, la corrupción florece como una planta venenosa que se alimenta de la debilidad moral del sistema y amenaza con acabar con la vida misma de la sociedad.

El escándalo de los diamantes no destruyó a Francia, pero sí dejó una cicatriz profunda en su vida pública. Mostró que incluso en democracias consolidadas el poder tiende a corromper y que las instituciones, aunque fuertes, requieren vigilancia constante. En los países con democracias más frágiles, la lección es aún más urgente. La corrupción no solo roba dinero, sino más grave, roba la confianza, destruye la legitimidad del Estado y alimenta el cinismo de los ciudadanos, que dejan de creer en la posibilidad de que haya un gobierno justo.

Recordar la anécdota del “emperador Bokassa” y el presidente Giscard no es un ejercicio de nostalgia ni de escándalo histórico, sino una urgente advertencia actual. Mientras los gobernantes cínicamente sigan confundiendo el poder personal de su cargo con la impunidad y las instituciones no logren contener sus excesos personales, los “diamantes del emperador” seguirán brillando en los cajones oscuros de muchos despachos oficiales. Y el precio de ese brillo lo seguirán pagando, como siempre, los pueblos sometidos a la pobreza, la desigualdad y la mentira institucionalizada.

Porque es evidente que la corrupción no es un incidente, sino que es el síntoma de una enfermedad política que solo puede curarse con instituciones sólidas, justicia independiente y ciudadanos que protestan públicamente y no se resignan a ser simples espectadores del saqueo. Como ejemplo, hoy otro expresidente francés, Nicolas Sarkozy duerme en la cárcel y siete millones de ciudadanos protestan en las calles de los Estados Unidos. Ya los pueblos no aceptan “reyes o emperadores”.