A Joviel Acevedo, al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), no le basta con mantener paralizadas las clases desde hace más de 52 días, sino que ahora se lanza a bloquear el tránsito a nivel nacional. Como no le ha funcionado la presión con sus carpas en la Plaza de la Constitución, ayer obstruyó 21 tramos carreteros, a pesar de que el país se encuentra en alerta naranja debido a la serie de sismos que ha afectado a los guatemaltecos.

Estas medidas de hecho que van en detrimento de la población estudiantil y de quienes utilizan la red vial solo pretenden retener los privilegios que los gobiernos anteriores le dieron a este dirigente. Sin embargo, son muestras de desesperación. Los sindicalistas buscan a toda costa la suscripción de un pacto colectivo abiertamente ilegal y que ha contribuido al deterioro del sistema educativo. Por esa razón, a medida que avanza el tiempo, Acevedo acumula más rechazo popular.

A la fecha, los sindicalistas suman diez amparos judiciales para que suspendan el paro de labores que comenzaron el 19 de mayo. Los amparos exigen detener de forma inmediata las medidas de hecho por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Acevedo se envalentona sabiendo que cuenta con el respaldo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes decidieron no suspender de forma provisional siete artículos del pacto colectivo que el Ministerio de Educación considera inconstitucionales.

El fallo de la CC fue a todas luces un golpe bajo a la Carta Magna porque avala la interferencia de un sindicato en las funciones internas de un ministerio. Entre esas acciones está que el STEG debe aprobar los programas destinados a la mejora de la educación y que las capacitaciones de los maestros deben estar dentro del marco del pacto colectivo. Estas son aberraciones que golpean la Constitución.

No solo la CC está alineada con Acevedo. También el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, da muestras de importarle un comino la paralización de labores académicas. La fiscalía no actúa con la celeridad con que atiende casos en contra de funcionarios del gobierno. Desde el 23 de junio, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social emitió un amparo provisional a favor de la Procuraduría General de la Nación.

La resolución judicial ordenó al STEG levantar la suspensión indefinida de clases en un plazo de 48 horas. Como el fallo no fue acatado por Acevedo, el juzgado cursó la documentación al MP el 25 de junio para que iniciara las acciones penales correspondientes por desobedecer las leyes del país. No obstante, 15 días después Porras se desentiende de la crisis educativa del país y le da alas a Acevedo.

Pese a esos apoyos, las huestes sindicales se encuentran cercadas y desesperadas. Mantener su campamento en la Plaza Mayor les está pasando el costo a los seguidores de Acevedo que deben sobrevivir en condiciones insalubres y con todo tipo de incomodidades desde hace 52 días, sin que se vislumbre un resultado positivo a corto plazo. Lejos de recibir apoyos, el STEG acumula repudio de la mayoría de sectores por anteponer sus privilegios a la educación de los niños.

Esa habría sido la razón por la que ahora salga a bloquear carreteras con la esperanza de visibilizar sus acciones, pero de nuevo los sindicalistas solo han acumulado más rechazo popular. La paralización del tránsito ocurre en un momento difícil para la población que aun afronta las secuelas por la serie de sismos que han dejado miles de damnificados.

Lejos de contribuir a la solución, el sindicato magisterial se convierte en otro problema. Por más que patalee, las acciones de Acevedo solo van a acumular más condenas por el grave daño que le ocasionan a la educación y al país.