Empecemos con una analogía muy obvia: el dueño de una empresa contrata a algunos operarios, con un salario acordado y aceptado, para que se encarguen de abrir las puertas de su fábrica, recibir materias primas, maquinaria y combustibles, así como cargar y descargar los pedidos de mercadería finalizada. Sin embargo, de pronto estos empleados empiezan a ponerse lerdos, no trabajan en horario completo y se reparten turnos antojadizos. Esperan a que se haga una larga fila de vehículos en espera de cargar o descargar, sin importar las pérdidas de quien los contrató.

Reclaman más ayudantes, pero el rendimiento sigue deficiente y amenazan a quien sí desea laborar con energía.
Demandan aumentos de sueldo y otros beneficios sin comprometerse a mejorar. Cuando el propietario les reclama por sus obligaciones o les advierte de remociones, lo presionan bloqueando las puertas de la compañía, a la vez que se autoproclaman víctimas de supuestas “injusticias” y negocian nuevas concesiones. En cierto momento deponen su coacción, pero al poco tiempo todo el círculo vicioso se repite, con más daños y pérdidas.

Eso mismo es lo que le ocurre a Guatemala bajo la férula absurda de corros de sindicalistas venales de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, que periódicamente atentan contra la economía nacional. El jefe que los ha contratado y el que sufraga sus sueldos es usted, ciudadano, tributante, consumidor, que termina sufriendo todos los costos adicionales de sus paros injustificados, protestas arbitrarias; también sus canastas navideñas y pachangas de fin de año. Lo peor de todo es que hacen uso de garantías laborales legítimas para perpetrar un sabotaje contra la productividad de todos los guatemaltecos.

Hoy día es la Empornac la que se encuentra operando muy por debajo de su capacidad, a causa de los intereses ocultos de grupos sindicales que imponen un chantaje siniestro para la entrada o salida de mercancías del país. En sus discursos trillados suelen invocar a una “clase trabajadora”, pero sus acciones contradicen tal concepto, porque terminan golpeando, paradójicamente, a la gente trabajadora de múltiples sectores productivos guatemaltecos.

Durante demasiado tiempo, ciertos sindicatos estatales se han creído dueños de entidades públicas y se rehúsan a toda exigencia vinculante de desempeño, auditoría organizacional o reglas de competitividad. El oscuro pacto colectivo del magisterio jovielista solo fue una muestra de los despropósitos, pero hay más pretensiones igual de cuestionables. En entes descentralizados como las portuarias la situación alcanza niveles aún más abyectos, pues tales grupos feudales creen que esa autonomía es sinónimo de arbitrariedad impune.

Pero el daño de tantas necedades portuarias reincidentes es real, creciente e irrecuperable. Creen que, por estar en el Estado, los recursos son infinitos y que, por generar ganancias, estas les pertenecen por derecho. Para intentar aplicar destajos de beneficios sí son buenos y así deberían serlo para estar a la altura de las exigencias del puesto público que alguna vez aceptaron desempeñar. Sectores productivos guatemaltecos reclaman una intervención de la Portuaria para poner fin a la desidia con la cual estos trabajadores públicos, pagados con fondos públicos, tratan los intereses públicos. Cualquier aumento en el boicot del servicio en Santo Tomás de Castilla debe tomarse como un abandono del puesto, porque no basta estar en un área laboral: hay que desempeñar el trabajo con honradez y capacidad.