El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó suspender las deportaciones de venezolanos a El Salvador hasta nueva orden, en respuesta a recursos de emergencia interpuestos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La ACLU denunció que la administración del expresidente Donald Trump intentaba reiniciar las expulsiones masivas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La decisión del Supremo se conoció horas después de que un tribunal federal de apelaciones también bloqueara la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a cerca de 350 mil migrantes venezolanos en situación regular en EE. UU.

Los venezolanos afectados se encuentran detenidos en un centro para migrantes en el norte de Texas y son señalados por el gobierno de Trump de estar vinculados con el Tren de Aragua (TdA), una organización criminal transnacional que tuvo su origen en una prisión venezolana.

En total, EE. UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a esta cárcel, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

La administración republicana invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que otorga al presidente facultades excepcionales para ordenar la detención y deportación de ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos legales habituales. Esta ley ha sido aplicada únicamente en tres ocasiones anteriores, todas en contextos bélicos. La más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de estadounidenses de origen japonés fueron internados sin juicio.

En su fallo, el Tribunal Supremo actuó con dos votos en contra —los de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito— y ordenó que “no se expulse de Estados Unidos a ningún miembro del grupo de detenidos hasta nueva orden de esta Corte”.

La semana pasada, el mismo tribunal había autorizado las deportaciones únicamente si los afectados eran notificados con antelación razonable y tenían la oportunidad de impugnar la medida judicialmente, presentando un recurso de hábeas corpus antes de su expulsión.

Sin embargo, la ACLU advirtió que los migrantes recibieron las notificaciones en inglés, a pesar de que muchos no dominan el idioma, y no fueron informados de su derecho a impugnar la designación como “enemigos extranjeros”.

La organización alertó que, sin intervención judicial, decenas o cientos de personas podrían enfrentar cadena perpetua en El Salvador, sin acceso a una defensa legal adecuada.