Con el argumento de que el Ministerio de Salud firmó un acuerdo unilateral con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sin contar con la disponibilidad presupuestaria, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó este martes el caso “UNOPS: corrupción presidencial” y emitió órdenes de captura contra el extitular de la cartera, Óscar Cordón, y tres funcionarios más. Además, solicitó el retiro de inmunidad del actual ministro, Joaquín Barnoya.

El caso, presentado por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, involucra al presidente Bernardo Arévalo en una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para abastecer los servicios de salud pública, a través de un “contrato lesivo” firmado en abril del 2024 con la agencia de la ONU, por US$943.9 millones (más de Q7,000 millones).

Dos denuncias que llegaron al Ministerio Público (MP) dieron pie a la investigación. En ellas se menciona que Arévalo habría contado con apoyo de entes internacionales durante la campaña y ya en la presidencia, y que, “aprovechándose” de esos lazos, celebró el convenio con Unops, donde trabaja su hermano, Martín Arévalo. Este habría ordenado a Barnoya la forma, tiempo y cantidad de producto a comprar, mientras que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, liberó los fondos para realizar el pago inmediato, según los señalamientos de la Feci.

También se implica a Gustavo Alejos, quien, junto a su hijo Gustavo Andrés Alejos Jansa, habría recibido más de Q223 millones a través de la farmacéutica Reus Pharma, S. A. Según la investigación, el dinero fue depositado en cuentas en el extranjero, específicamente en Uruguay, Panamá y Costa Rica.

Curruchiche detalló que, cuando Arévalo requería dinero en efectivo, Alejos se lo entregaba directamente a su emisario, Santiago Palomo Vila.

Además de obtener recursos económicos, Alejos sería propietario de 59 farmacias Proam, programa que el presidente ha impulsado para llevar medicamentos a bajo costo a la población.

En conferencia de prensa, Arévalo rechazó los señalamientos hechos por la Feci e indicó que Curruchiche y el MP “acusan a inocentes y dejan libres a culpables”, y recordó el caso de la compra de vacunas Sputnik V, que no ha avanzado.

“Están desesperados porque el 16 de mayo se les acaba la fiesta. La fiscal general es una proscrita internacional, no la dejan entrar a más de 30 países del mundo. El MP es uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción en el país”, afirmó el mandatario.

Calidad cuestionada

Mario Veliz, agente fiscal de la Feci, detalló que un informe de auditoría estableció que, entre los medicamentos que Salud ha adquirido mediante Unops, hay productos de mala calidad, en su mayoría procedentes de la India.

Como prueba de lo anterior, en febrero pasado el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, del Ministerio de Salud, emitió una resolución para suspender la licencia sanitaria de un paracetamol adquirido a través de Unops, al detectar que el producto estaba contaminado. Se ordenó su retiro; sin embargo, tres meses después aún se encontraba disponible en los servicios de la red pública.

“La CGC establece que los pocos ahorros no son significativos y existen medicamentos adquiridos con el mismo proveedor a precios superiores”, dijo Veliz.

Sobre el convenio

El convenio entre el Ministerio de Salud y Unops se firmó el 30 de abril del 2024, por un período de 47 meses y por un monto de US$943.9 millones, con el objetivo de abastecer de medicamentos y tecnologías médicas los servicios de la red pública.

Solo para la compra de medicamentos se destinarían US$360 millones, que contemplaban productos de marca y genérica.

Según el contrato, la cartera haría un desembolso anual a partir del 2024. En ese primer año se pagarían US$110 millones; en el 2025, US$275 millones, y una cantidad similar en el 2026. El último desembolso sería de US$283.4 millones.

Sin contar con presupuesto para cancelar el primer pago, Cordón ―entonces ministro― firmó el convenio millonario, a la espera de una ampliación presupuestaria que permitiera a la agencia internacional comenzar a prestar el servicio.

A finales de julio, Salud informó que había hecho el primer traslado de fondos a las cuentas de Unops, aunque por un monto menor al acordado: se pagaron Q225 millones. Se justificó con que el convenio permitía hacer “modificaciones” en los aportes, pero dependía del Banco de Guatemala hacer efectivo el desembolso, según explicó Sandra Aparicio, viceministra administrativa en ese momento.

El 5 de noviembre, Barnoya, ya como ministro de Salud, anunció el inicio del proceso de licitación para más de 80 códigos de medicamentos. Se informó que, en un plazo de 30 días, serían entregados a hospitales, centros y puestos de salud de la red pública.

Durante un acto protocolario en el Hospital General San Juan de Dios, el 2 de diciembre Unops realizó la primera entrega de medicamentos y se informó que se distribuirían 53 tipos de medicamentos, 20 códigos de insumos médico-quirúrgicos y 246 de equipo médico.

Calvaruso indicó que en esa primera etapa de licitación participaron 71 proveedores y que los productos se adquirieron mediante subasta inversa, en una licitación abierta.

Órdenes de captura

Según la Feci, el exministro Cordón suscribió un memorando con Andrea Calvaruso, representante de Unops en Guatemala, sin considerar la disponibilidad presupuestaria del ministerio y atribuyéndose funciones que no le correspondían.

Un examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) señala que el artículo 171 de la Constitución establece que los convenios y acuerdos internacionales que sobrepasen el 1% del presupuesto anual deben ser aprobados por el Congreso de la República, lo cual no ocurrió, según el informe.

Se indicó que Barnoya realizó una enmienda al memorando para crear una nueva organización encargada de los pagos que Salud debe realizar a Unops.

Por ello, la Feci giró orden de captura contra Cordón por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

También contra María Gabriela Vélez Chaulón, asesora del despacho del ministro, por asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias; Edwin Romeo Sicán, director administrativo, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción; y Luis Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto, por falsedad ideológica.

La Feci también solicitó el retiro de antejuicio contra el ministro Barnoya por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

El caso “Unops: corrupción presidencial” se presentó mientras se desarrollaban allanamientos en la sede del Ministerio de Salud, en la zona 11 capitalina.