Hay algo en lo que coinciden —cada vez con más frecuencia, violencia y desfachatez— la politiquería, las mafias de la corrupción, bandas del crimen organizado y el carrusel de funcionarios déspotas: su patológica intolerancia a la libertad de expresión de ideas, su aversión a los periodistas y medios independientes y a la crítica cívica con rostro, nombre y apellido. Tanto les aterran estos bastiones del Estado de derecho que hasta intentan suplantarlos a través de hordas de perfiles falsos firmados con acrónimos ridículos, frases aparentemente patrióticas, colectivos inexistentes o aparentes medios informativos carentes de rigor profesional, que publican cada vez que necesitan una crisis y cuyos panfletos no tienen firma responsable o son calzados con falsos nombres.

Pero tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe. Es fácilmente identificable la proliferación creciente de perfiles agresivos en redes sociales, que atacan a periodistas y medios incómodos, que utilizan sobrenombres y epítetos, y reaparecen para atacar la reputación durante evidentes ciclos críticos. Esta es una de las estrategias utilizadas por grupos e individuos intolerantes para tratar de envenenar el agua de la veracidad.

Esta es, según el informe de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una de las siniestras caras de los repetidos intentos por censurar la información certera y utilizaría para ello la desinformación. En varios países de América pulula tal práctica a todas luces cobarde y perversa. Pero no es la única forma de ataque: las amenazas, agresiones violentas, el asesinato de periodistas y la criminalización o encarcelamiento de comunicadores bajo cargos inaplicables figuran en esta gama de mañas para intentar amordazar la difusión pública de abusos, barbaries, actos corruptos, tráficos de influencias, financiamientos sucios y colusiones.

Guatemala no escapa a este asedio contra la prensa, y el caso emblemático, citado por la SIP, es el regreso a prisión preventiva del periodista Jose Rubén Zamora, exigido por un Ministerio Público que fracasó en el primer proceso, que fue anulado y no ha logrado probar los supuestos delitos endilgados. Una sala afín ordenó al juez revertir la medida sustitutiva, a pedido de la Fiscalía. Esa medida contrasta con el caso de un reo condenado a 40 años por doble asesinato, quien fue beneficiado por un juez de Chiquimula con arresto domiciliario, mediante brazalete. También tendría permiso para moverse por cinco departamentos, incluyendo la capital, y la exención del pago del dispositivo. No se sabe de ninguna objeción del MP ante tan absurda y sospechosa concesión.

La SIP deplora la persecución contra Zamora y otros periodistas con aval tácito o declarado de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. A nivel departamental se denunciaron bloqueos de alcaldías que se niegan a dar información pública de oficio acerca de gastos, compras, contrataciones y obras retrasadas. Especialmente grave es el asesinato del periodista Ismael Alonzo, el 21 de marzo, en Coatepeque, y la desaparición del comunicador Milton Polanco, el 7 de febrero, en Jutiapa. La cacareada fiscalía de protección a periodistas solo es una entelequia irrelevante.

Los diputados al Congreso no escapan de esta tendencia intolerante, sobre todo algunos sobre quienes pesan posibles nexos con facinerosos y grupos del narco. Se quieren vender, eso sí, como abiertos a los cuestionamientos, pero cuando les tocan sus conflictos de intereses, se tornan conflictivos, iracundos y claman ser víctimas de ataques de rivales políticos. ¿Cuáles rivales, si son coyotes de la misma loma intolerante?