Tan solo en el primer trimestre del 2025 la cifra de inversión extranjera directa (IED) en Guatemala subió un 17%, en comparación con el mismo período del año anterior. De enero a marzo llegaron US$476.1 millones, de los cuales el 90% de recursos se concentra en tres sectores: finanzas y seguros, comercio y reparación de vehículos, así como industrias manufactureras. Ello demuestra la percepción del potencial del país para el crecimiento y la generación de oportunidades laborales y de negocio, lo cual, a su vez, incide en las perspectivas de desarrollo.

Durante los ya predecibles y resobados guiones de sucesivas campañas electorales, la invocación a la “atracción de inversiones” es lugar común en las “propuestas” o “planes” de los aspirantes a cargos de elección, especialmente presidenciables, cuando en foros les preguntan sobre cómo atenderán la demanda de empleos y cómo impulsarán el crecimiento económico para potenciar el desarrollo humano y reducir la migración forzada o la dependencia de las remesas.

En todo caso, buena parte del incremento de IED se debe a los esfuerzos de empresas y organizaciones locales. Algunos gobiernos también propician acercamientos internacionales a fin de publicitar determinadas facilidades y potenciales. Pero no solo se necesita la llegada de inversión exterior: el propio país necesita de una visión de Estado que se enfoque en la inversión pública para que ese atractivo se convierte en permanencia, en expansión y en posicionamiento productivo.

Existen rancias figuras politiqueras que hoy se hacen pasar por adalides de la inversión social y en infraestructura, pero hace tres o cuatro lustros despotricaban contra la construcción vial o aeroportuaria, utilizando consignas populistas y caducas como aseverar que tales obras eran “para los ricos” y cuyas insuficiencias hoy son padecidas por todos. Lo mismo cabe decir de grupos o dirigentes que se oponen a proyectos de electrificación, de generación energética o de aprovechamiento de recursos del subsuelo. Por ello, la llegada de inversiones es una buena noticia, pero pone al país en cuenta regresiva para mantenerlas y atraer otras.

Guatemala posee ubicación estratégica, población joven y trabajadores dispuestos, recursos naturales y culturales, capacidad productiva instalada, innovación, creatividad, pero se necesita actualizar las rutas por donde transita toda esa producción. La inversión extranjera no es un favor, sino una oportunidad y un voto de confianza en la capacidad del Estado guatemalteco para responder asertivamente a los desafíos presentes y futuros.

Pero si los políticos no trabajan, si se enzarzan en polarizaciones obtusas o, peor aún, si ya como funcionarios pervierten las potestades públicas utilizándolas para su beneficio o el de oscuros financistas… no habrá inversión que dure por siempre. Guatemala necesita ser un ecosistema que genere confianza, y ello no solo depende de las empresas o del tesón ciudadano: los tres poderes del Estado deben brindar certitud y estabilidad jurídica, garantizar probidad y construir la infraestructura del futuro. Nadie invierte donde reina la incertidumbre, donde no hay certeza energética o donde los bravucones tienen derecho a secretismo amparado por cortes extraviadas.