A cero grados estaba la temperatura afuera, en Whitestown Indiana, esa madrugada cuando a las cinco habrá sonado la alarma. Para uno de mundano cuesta esa salida de la cama a esas horas, cuando afuera aún no hay sol, cuando adentro las sábanas calientes invitan a quedarse un minuto más… una hora más. Emponchados, tal vez empiernados, al calor de la persona querida. Pero no hay pereza que detenga a la gente más trabajadora; hay quienes realmente no son mundanos, sino todo lo contrario. Así era esta pareja maya en Indiana, esposos, marido y mujer, que le ganaron al sol cuando salieron esa fría mañana decididos a trabajar sus oficios de limpieza. Una tarea, unas llaves, una fatídica equivocación. Llegaron a la casa incorrecta y, antes de darse cuenta, su intento fue interrumpido de súbito estruendo, cuando reían y bromeaban sobre quién lograría girar la llave. Un balazo atravesó la puerta y la cabeza de María, la diminuta mujer que un día había partido de Chacaná Chiquito a construir un sueño que fue destruido en un instante, al eco de uno de los debates que parten a una nación. Este, más que solo sobre la ley, sobre la cultura de las armas.

Quien disparó contra María y le dio muerte fue Curt Andersen, el propietario de la vivienda, quien declaró defensa propia. Según su declaración, despertó con el sonido de alguien que intentaba entrar a su vivienda y él —quien irónicamente es enfermero psiquiátrico de la Marina retirado— no pensó en más que ir por su pistola Glock y tirar una bala a la puerta, sin pensar en más. Sin pensar quién estaba detrás, ni por qué. El resultado del disparo terminó siendo irreversible y es una fatalidad, según todos los involucrados. El abogado de Andersen declaró lo sucedido como una “horrible tragedia”. Pero algo hay en este caso que, pienso, va mucho más allá de las acciones de Andersen ese terrible día.

Una de las controversias más grandes que dividen políticamente en dos a aquella nación gira, precisamente, alrededor de la inmensa cantidad de armas de fuego letales que tienen. Según la Small Arms Survey, en 2018 había 393 millones de armas de fuego, propiedad de civiles, en Estados Unidos. Pero la mayoría de fuentes, como ammo.com, estiman que el número llega hasta 500 millones. Esto, en un país con una población total de 342 millones, convirtiéndolo —por mucho— en la nación más armada y también con más unidades per cápita. En Indiana, lugar donde ocurrió esta desgracia, se estima que un 40% de hogares poseen al menos una, pero en otros estados —como Montana y Wyoming— el porcentaje sube a 66.

Según se prevé, el juicio por la muerte de María Florinda Ríos versará sobre si se puede aplicar en este caso la “Doctrina del Castillo”, ley del lugar, donde uno puede defenderse a disparos en su hogar, sin antes buscar refugio. Pero más que solo eso, al banquillo debiera subir esa obsesionada cultura por las armas que no cede ni decrece en aquel cercano país. La fiscalía local ha acusado a Andersen de homicidio (deliberado), y su juicio está programado para el año entrante. En él, seguramente sostendrá que su miedo fue justificado y eso es muy entendible. Pero los balazos traen consecuencias imborrables, irremediables. Disparar a matar es algo que no se puede cambiar. ¿Cómo esto no logra asimilarlo colectivamente aquella nación? No lo entiendo. Ahora, imagino que Andersen sentirá remordimiento. Le quedará reparar en la medida de lo posible y evitar perderse en la locura. Regresar la vida a María, jovial, esposa, la madre de cuatro que esa madrugada decidió salir del calor de su cama a trabajar, eso será imposible. Aparte del material resarcimiento, quedará ponerse en el lado correcto de este debate, que solo trae miseria y tristeza.