Las reuniones y audiencias que algunos sectores guatemaltecos han sostenido conrepresentantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellas la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC)elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Astrid Lemus, se enmarcan dentro del proceso de acompañamiento que dicho organismo internacional ha brindado a los procesos de elección de segundo grado en Guatemala, aseguró el presidente Bernardo Arévalo, durante la conferencia de prensa realizada este 16 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura.

El presidente fue abordado acerca de este tema, y aseguró que el país se encuentra actualmente en un proceso de acompañamiento por parte de la OEA. Bajo este marco, la entidad internacional ha escuchado a distintos sectores, tanto en Guatemala como en su sede en Washington, Estados Unidos.

“Nosotros estamos bajo un proceso de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. En el marco de ese proceso de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, se han llevado a cabo innumerable número de reuniones que son convocadas precisamente en el marco de este proceso de acompañamiento que indica que a veces las reuniones tienen lugar en Washington, a veces tienen lugar en Guatemala cuando viene una de las misiones”, aseguró el mandatario.

Arévalo indicó que bajo este acompañamiento se han dado reuniones y audiencias de este tipo,como en la que representantes de la OEA escucharon en febrero a la licenciada Astrid Lemus, quien expuso por medio de una videoconferencia ante el Consejo Permanente de la entidad, los hechos ocurridos durante la elección del Cang, en donde fiscales y personal del Ministerio Público (MP) se presentaron a las instalaciones donde se llevó a cabo la elección el pasado mes de febrero.

“A veces tienen lugar de este tipo – audiencias – así que corresponde al proceso de acompañamiento en el que se han entrevistado prácticamente con todo tipo de actores del estado, de la sociedad en cualquier momento y en todo momento alrededor de ese proceso de acompañamiento de las elecciones de segundo grado”, indicó Arévalo.

Lemus presentó denuncia ante la OEA

El 18 de febrero, Astrid Lemus, magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang),denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que hay varias acciones encaminadas a evitar que asuma el cargo ante la CC el próximo 14 de abril.

A través de una videoconferencia, Lemus expuso la situación ante los integrantes del Consejo Permanente de la OEA sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de febrero, cuando fiscales del Ministerio Público (MP) ingresaron en los centros de votación donde se realizaban las elecciones de magistrado titular y suplente por parte del Cang.

Lemus calificó la interrupción de la votación “no como un hecho aislado”, sino como “un atentado directo contra el orden constitucional”, dado que se trataba de una elección ordenada por la Constitución Política de la República para renovar la alta corte en Guatemala.

“Al pretender interrumpirla –la elección– se está pretendiendo violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad, y con ello, pues atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”, afirmó Lemus al Consejo.

Así también, describió la actuación del MP el día de la elección como “grotesca e intimidante”, y subrayó la falta de fundamentos legales y de transparencia en el accionar del ente investigador, al estar basado en una denuncia anónima y en un proceso que, según se indicó, “está bajo reserva”, lo que busca debilitar el Estado de derecho y generar “incertidumbre jurídica” para evitar una transición ordenada en la Corte de Constitucionalidad.

Además de Lemus, la presidenta del Cang, Patricia Gámez, también expuso ante el Consejo Permanente de la OEA la situación, y aseguró que las acciones del MP se basaron en “denuncias anónimas sin notificación formal a las autoridades electorales del gremio”.

Gámez también indicó que es preocupante “la injerencia de órganos externos” y la utilización de procedimientos penales por parte de algunas autoridades del Ministerio Público “para tratar de incidir en esos mecanismos legítimos de designación constitucional de autoridades”.

Lo dicho en esa ocasión por ambas profesionales fue respaldado por el canciller Carlos Ramiro Martínez, quien enmarcó los hechos denunciados dentro de una lucha más amplia contra “un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios”.